Mientras el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, aseguraba ante legisladores de la Comisión Permanente que Aviacsa no volverá a volar si no cubre sus adeudos, un juez de la ciudad de México autorizó a la aerolínea entrar en concurso mercantil, por lo que ésta iniciará negociaciones con sus tres principales acreedores, se concretará la entrada de dos inversionistas que aportarán 150 millones de pesos que la empresa requiere para despegar y entrará al mercado a más tardar en dos semanas, afirmó Miguel Angel Cisneros, director técnico y de operaciones.

Al respecto, Molinar Horcasitas dijo que la SCT continuará trabajando como hasta ahora con la aerolínea, que tiene en tierra poco más de un mes, cuyo personal se manifestó ayer frente a las instalaciones del Senado de la República ubicadas en Donceles, para exigir que se levante la suspensión contra la empresa y se salven 3 mil 500 plazas.

Por primera ocasión a los trabajadores de Aviacsa los acompañaron miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), quienes se sumaron a la protesta por el trato discriminatorio al que el gobierno federal ha sometido a la aerolínea y reclamaron que otras empresas preserven las fuentes de empleo que están en riesgo ante su mala situación financiera.

Los manifestantes acusaron al titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), Héctor González Weeks, de corrupción y de no saber de aviación, al tiempo que exigían la renuncia de Molinar Horcasitas.

Pero cerca de las 14 horas llegó la noticia de que un juez de la ciudad de México autorizó a la empresa entrar en concurso mercantil, por lo que está en condiciones de negociar el pago de sus deudas con Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que ascienden a 292 millones de pesos; con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de 80 millones de pesos según la versión oficial, y de aproximadamente 11 millones más con el aeropuerto capitalino.

Miguel Ángel Cisneros explicó que con esta decisión legal también se asegura la entrada de dos inversionistas que aportarán los 150 millones de pesos necesarios para que a más tardar en dos semanas Aviacsa retome el vuelo, resuelva sus problemas financieros y recupere la confianza de los usuarios, que están hartos de pagar tarifas más caras.

Durante la comparecencia de Molinar, los diputados perredistas Juan Guerra y Antonio Soto exigieron saber a qué se debe el trato discriminartorio al que se ha sometido a Aviacsa y no a otras aerolíneas, a lo que Molinar respondió que la primera razón fue que la flota de Aviacsa no garantizaba la seguridad de sus pasajeros, aunque reconoció que desde finales de julio la empresa cubrió todos los requerimientos.

Sin embargo, dijo, no podrá volar hasta que pague, según sus cuentas, unos 600 millones de pesos de adeudos por turbosina, servicios aeroportuarios y uso del espacio aéreo. Entonces el funcionario no estaba enterado de que la empresa ya contaba con el concurso mercantil.

Molinar llegó ante miembros de la Comisión Permanente que se integró por representantes de las comisiones de Hacienda, Transportes, Comunicaciones y Agricultura para proponer que Aeroméxico y Mexicana se fusionen a fin de que México tenga una sola aerolínea bandera, como ocurre en la mayor parte del mundo a excepción de Estados Unidos y China, y con la intención de ordenar el mercado.

Pese a que han perdido mercado por la participación de otros operadores, Aeroméxico y Mexicana controlan alrededor de 56 por ciento, siguen siendo dominantes y eso provoca alteraciones.

Al respecto el diputado priísta Jesús Ramírez Stabros advirtió que pugnar por una fusión equivale a admitir que el gobierno se equivocó al vender dos empresas, y el caso se convierte en un asunto de recursos públicos porque valían 2 mil millones de dólares y se vendieron en apenas 400 millones. Criticó que el gobierno federal haya sido incapaz de tener una política aeronáutica eficiente, que genere competencia, y mantenga al Seneam y a ASA como monopolios.

Molinar Horcasitas aseguró que la SCT y sus entidades trabajan en mecanismos transparentes para la asignación de slots y la apertura de rutas, y que los operadores que participen en el mercado lo hagan sólo si cumplen con todas las disposiciones legales y económicas.

Aseguró que, hasta abril del año pasado, entre todas las líneas aéreas que operan en México debían mil 20 millones de pesos, pero como parte del proceso de saneamiento, el adeudo actual es de 1.7 millones de pesos y corresponde a empresas que ya no funcionan.