Por el caso de tres menores de edad víctimas de pornografía infantil en un colegio particular de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, emitió la recomendación 46/2009 al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, debido a que la autoridad no ha consignado la indagatoria, no obstante haberse desahogado las diligencias.

Los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2008. Ese día acudí a recoger a mis hijos. Uno señaló a un joven, me dijo que era el fotógrafo y que, junto con otra persona, le quitó el pantalón y la ropa interior para tomarle fotos.

Los padres de los menores vejados acudieron a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y de la Mujer de la Procuraduría estatal, autoridad que no ha consignado la indagatoria.

La CNDH explicó que atrajo el caso el 7 de octubre de 2008; inició el expediente de queja CNDH/1/2008/4907/Q y solicitó los expedientes a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca.

Se acreditaron violaciones a los derechos de las víctimas, pues no se brindó a los menores agraviados ni a sus familiares asistencia médica y psicológica, y tampoco se salvaguardó su integridad física, de lo cual responsabiliza a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.

El ombudsman destacó que una sicóloga que atendía a los menores y a sus padres minimizó los hechos y les dijo que no se preocuparan, que no había pasado nada, que estaban estresados y probablemente habían exagerado.

Omisiones y amenazas

Además, no se ha emitido la resolución sobre la inspección que el Instituto Estatal de Educación Pública llevó a cabo el 23 de enero de 2009 en el colegio particular, y el plantel fue omiso en responder a los requerimientos de información de la CNDH, lo que hace presumir que la citada dependencia estatal no realizó diligencia alguna.

La CNDH destacó que los padres de los menores agraviados dijeron haber recibido amenazas de muerte, por lo que la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal aplicar medidas cautelares para protegerlos.

En su recomendación la CNDH solicita al gobernador de Oaxaca garantizar a los menores agraviados y a sus familiares la reparación del daño, asistencia sicológica, ayudar a las víctimas y testigos de los hechos, evitar la estigmatización social, y velar por la seguridad de los afectados.