México ha sido noticia mundial en fechas recientes por su contracción económica, por la violencia y el crimen relacionados con las drogas y por el brote de influenza humana (A/H1N1). Todas estas noticias han ensombrecido el que quizá sea el problema más grave del país a mediano plazo: su producción petrolera en picada.

Luego de una tendencia descendente que se ha prolongado cuatro años, la producción de crudo mexicano cayó 8 por ciento en el primer trimestre de 2009 respecto del mismo periodo del año anterior. Al ritmo actual de extracción, las reservas probadas del país durarán sólo nueve años.

La endeudada compañía estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), carece de recursos con los cuales emprender la exploración y desarrollo necesarios para reponer esas reservas. Una de las causas más importantes de esto ha sido la persistente sangría de los ingresos de la empresa por parte del gobierno.

Luego del descubrimiento del megacampo petrolero Cantarell, en 1979, Pemex se convirtió en la principal fuente de fondos para financiar el gasto público, con una aportación equivalente a entre 30 y 40 por ciento del ingreso fiscal total. Esta merma de recursos le ha impedido la inversión tanto en exploración y extracción como en procesos derivados.

Pese a ser el séptimo productor mundial de petróleo, México importa alrededor de 40 por ciento de su gasolina, debido a su insuficiente capacidad de refinación. Si bien los planes de construir una nueva refinería en Tula, Hidalgo, anunciados a principios de 2009, deben compensar esta deficiencia a mediano plazo, Pemex ha estimado que las importaciones podrían elevarse a 50 por ciento del consumo total de gasolina en 2010.

De manera similar, si bien hace una década las reservas probadas de la nación se contaban entre las más altas del mundo, la falta de inversión ha impedido el desarrollo de campos probados y evitado la exploración de las nuevas fuentes que se cree que existen principalmente en el Golfo de México.

En vez de remplazar las reservas con nuevos descubrimientos, la compañía se ha enfocado en optimizar la extracción de Cantarell, a bajo costo y con mínimos riesgos. El resultado ha sido un descenso sostenido en la producción global.

En este contexto, el gobierno de Felipe Calderón propuso un paquete de reformas dirigidas a restructurar la empresa estatal y abrir parcialmente la industria a operadores e inversionistas privados en exploración y producción. Luego de un prolongado debate, el paquete original fue modificado sustancialmente por el Congreso. La nueva legislación concede a Pemex mayor autonomía financiera y fortalece su estructura regulatoria. La creación de nuevos comités ejecutivos y un regulador independiente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), junto con la designación de cuatro nuevos miembros profesionales en el consejo de administración, son medidas orientadas a mejorar la administración global, así como estimular mayor transparencia y rendición de cuentas.

Además se tomaron varias medidas para mejorar la capacidad operativa y la flexibilidad financiera de la empresa. Se adoptó un nuevo marco legal para las compañías contratistas, y también hay planes de emitir bonos ciudadanos. Si bien se mantiene la prohibición constitucional de realizar contratos de producción compartida, la reforma de 2008 permite a la empresa ofrecer contratos con incentivos de rendimiento a operadores privados e inversionistas. Se espera que las compañías de servicio obtengan altas utilidades con este nuevo esquema de contratación, y funcionarios de la empresa sugieren también que las reformas permiten negociar con compañías que por lo regular sólo considerarían participar en un contrato de producción compartida.

Con la mira puesta en desarrollar proyectos dentro de los límites fijados por la nueva legislación, buscan nuevos socios y mantienen estrecho contacto con empresas paraestatales líderes, como la noruega Statoil y la brasileña Petrobras, las cuales tienen experiencia en exploración en aguas profundas, de la que Pemex carece.

La paraestatal prevé que el nuevo esquema de contratación le dará mayor flexibilidad financiera a largo plazo, y que la emisión de bonos ciudadanos –que se prevé para 2010– funcionará como un instrumento de medición del desempeño que elevará considerablemente su rendición de cuentas, además de elevar los fondos para inversión.

Si bien los bonos ciudadanos atrajeron interés público, otros temas surgieron durante el debate de la reforma, entre ellos la eficiencia energética y la producción de energía alternativa. Al principio del debate, el premio Nobel de Química mexicano Mario Molina criticó la obsesión de su país por el petróleo, cuando existe una creciente necesidad de encontrar fuentes alternativas, como la energía eólica y la solar.

Si bien es signatario del Protocolo de Kyoto (1997) y se encuentra entre los 20 mayores emisores de gases de efecto invernadero, el país cuenta con pocas formas legales de promover el uso de energías alternativas. En la reforma de 2008 se incluyeron dos leyes –la de energía renovable y la de consumo sustentable de energía– que permitirán la expansión de los hoy minúsculos mercados de energía alternativa.

Aunque Calderón enfrenta otros problemas acuciantes en la segunda mitad de su sexenio –sobre la aguda recesión económica y la seguridad pública–, es probable que el tema de la energía alternativa gane prominencia, no sólo por el creciente interés global en la materia, sino también porque permitirá al gobierno enfocarse en un tema que tiene un ángulo positivo, en un intento por desviar la atención de los retos que enfrenta el gobierno.

Persisten problemas

Pese a estas oportunidades, se requiere considerable voluntad política para cumplir los compromisos delineados en la reforma de la legislación sobre hidrocarburos. Los primeros signos no han sido alentadores. Los retrasos en designar y aprobar a los nuevos miembros del consejo de administración de Pemex han frenado el avance. Calderón debió haberlos designado antes del 29 de diciembre de 2008 (un mes después de promulgada la ley), pero apenas lo hizo a mediados de febrero de este año, y el mes siguiente fueron confirmados por el Congreso. Además, todos los individuos designados –que se supone serían independientes– tienen conexiones políticas, entre ellos un ex legislador y académico que colaboró en la Secretaría de Energía durante el gobierno de Vicente Fox. Sólo el más joven de los designados –Fluvio Ruiz– tiene conocimiento académico del sector energético. También la instauración de la CNH ha sufrido contratiempos, y apenas se le instaló formalmente el 20 de mayo de este año, cuatro meses después de la que tenía que haber sido su primera reunión.

Pese a la difícil situación petrolera, a corto plazo la atención política se centrará en medidas inmediatas para hacer frente a la recesión. Cuando el debate sobre la reforma energética se llevó a cabo, el precio del petróleo estaba en un máximo histórico; ahora México experimenta su mayor contracción desde mediados de la década de 1990. Las presiones fiscales realzan las debilidades estructurales, sobre todo ante la menguante producción petrolera.

La situación de la seguridad pública también distrae la atención del tema energético. El gobierno ha respondido a la intensificación de la violencia con el despliegue de miles de soldados, un aumento en el gasto de defensa y mayor colaboración con Estados Unidos bajo los auspicios de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, la persistencia de la violencia pese a estas medidas ha minado la confianza del público en la capacidad del gobierno para controlar la situación.

Tras la tremenda derrota del partido gobernante en las elecciones legislativas del 5 de julio, Calderón enfrentará nuevos retos políticos, y un entramado legislativo que complicará la atención de los acuciantes problemas fiscales y de otro tipo que padece el país. El precio de 53 dólares por barril de petróleo que EIU proyecta para 2010 hará extremadamente difícil para el gobierno mexicano cubrirse con las exportaciones petroleras, como ha hecho este año, lo cual intensificará las presiones sobre las finanzas públicas.

Los retos cada vez mayores que plantean la decreciente producción y los pobres ingresos fiscales pondrán de relieve los graves problemas del sector energético mexicano. La cuestión energética será un desafío considerable para lo que queda de este gobierno y para el próximo.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya