usticia, respondió una madre de la infausta guardería cuando le preguntaron para qué quería que la Suprema Corte atrajera el asunto. Al recordarlo, el ministro Aguirre subrayó que esa actitud era fruto de un engaño. Consideró ilusorio pensar que la Corte puede y debe impartir justicia. Nada más falso, insistió, e ilustró su argumento con el caso de las comisiones creadas por la Corte para casos de violaciones graves a las garantías individuales, que no han tenido efecto alguno.

Es tiempo ya de cambiar su nombre. No debe llamarse Suprema Corte de Justicia. Desertó hace tiempo de sus funciones y se suma cada vez más al empeño de desmantelar el estado de derecho y fomentar la impunidad, para profundizar la injusticia y el autoritarismo, cambiando la naturaleza del régimen jurídico mexicano y contrariando abiertamente el espíritu y la letra de la Constitución. Basta observar sus actos recientes para constatar esta actitud atroz.

La semana pasada se filtró a la prensa un supuesto informe de los magistrados que integraron la Comisión nombrada por la Corte para investigar lo ocurrido en Oaxaca a partir del primero de mayo de 2006. El documento, cuajado de aberraciones jurídicas, es técnicamente ridículo, éticamente insoportable y políticamente criminal.

Para los jueces investigadores, los únicos culpables serían los inconformes, los insumisos, los ciudadanos que usaron primero todas las vías legales e institucionales y pasaron a la acción directa sólo cuando éstas quedaron agotadas.

Hace poco más de dos años, al crear la Comisión Investigadora, la Corte no se propuso averiguar lo que había pasado: se dio por enterada de que las autoridades habían violado gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños y que las corporaciones policiacas afectaron físicamente a gran número de personas en forma cruel e inhumana, produciendo lesionados, torturados y muertos. Para la Corte, había ocurrido en Oaxaca una suspensión de hecho de las garantías constitucionales.

Los jueces investigadores convalidan todo esto. Extienden certificado de impunidad a los violadores. Les parece que el uso de la fuerza pública fue legítimo… aunque tardío: debieron hacer antes lo que hicieron. El movimiento social sería el único responsable de los desaguisados.

El 6 de agosto se recordó en la Corte que es la única instancia que constitucionalmente puede determinar si hubo violación grave de garantías individuales. No hay duda alguna de que las hubo en el caso oaxaqueño. Además de los testimonios ciudadanos, existe toda suerte de certificaciones oficiales al respecto, nacionales e internacionales. La Corte, contra su estatuto y sus propias palabras, estaría dictaminando que las autoridades pueden y deben violar las garantías constitucionales y así las suspenden, por tiempo indefinido, para que quede permanentemente impune.

El activismo de la Corte en el desmantelamiento del estado de derecho se está manifestando también en el caso de Acteal. Se ha filtrado a la prensa que el próximo 12 de agosto una decisión de la Corte pondrá en libertad a 41 de las personas condenadas por la matanza. Sus funcionarios aducen las irregularidades del proceso, que son bien conocidas y caracterizan el funcionamiento del sistema judicial y las procuradurías. Son equivalentes a las que la propia Corte rechazó en los casos de Bachajón o Atenco. El doble rasero está claro: la Corte usa las fallas formales en beneficio de quienes reprimen a los ciudadanos, trátese de autoridades, soldados, policías, paramilitares o civiles, y en perjuicio de los movimientos sociales.

Como señaló el parlamento europeo en 1998, por Acteal, la protección de los derechos humanos en México se debilita por el hecho de que tantos autores de graves violaciones queden impunes. ¿Cuál es la reacción que puede esperar la Corte al quedar en libertad, por defectos de forma, los condenados por la masacre? Es como si en nuestro país no existiera la ley, dicen Las Abejas –la organización a que pertenecían los asesinados en Acteal.

La decisión de la Corte no es un hecho aislado: forma parte de una política concertada. Quienes la promovieron son los mismos que están intensificando las agresiones a las comunidades zapatistas. Lo que hace la Corte es convalidar el uso de los paramilitares y el abuso de las fuerzas públicas contra los ciudadanos.

¿Será esto, acaso, lo que discutieron ayer the three amigos –como se llamó en Estados Unidos a la reunión que tuvo lugar en Guadalajara? ¿Se trata acaso que Canadá y Estados Unidos respalden ciegamente a los poderes constituidos de México, cuando imitan a su manera a los golpistas de Honduras, destruyendo el orden constitucional y democrático? ¿Es esa la nueva estrategia continental?

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