San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que el dictamen hasta ahora emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de otorgar la libertad a quienes cometieron la masacre de los 45 indígenas de Acteal, sólo está juzgando las deficiencias que hubo en las averiguaciones previas y en el procedimiento jurídico, y no el fondo de un crimen de lesa humanidad que cometieron los actuales detenidos y las autoridades civiles y militares involucradas.

Diego Cadenas, presidente del organismo humanitario que ha acompañado en el proceso al grupo de sobrevivientes de la masacre, señaló que para estas personas, miembros de la sociedad civil Las Abejas, “no hay ninguna duda de que los que están sentenciados son culpables de participar en la masacre.

Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido un error de identificación, porque son gente que se conoce desde niños; algunos hasta son familiares. Si en dado caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes, dijo.

Añadió que la Corte se va a pronunciar por la forma y no por el fondo del asunto, sólo va a juzgar si hubo un debido proceso, y no lo hubo porque desde el primer momento las autoridades movieron la escena del crimen; no hubo actitud diligente ni de la procuraduría del estado ni de la federal, y para nosotros esto fue premeditado, con vistas a facilitarles las cosas a los paramilitares la obtención de su libertad, como es probable que suceda.

Ante la inminente liberación de los detenidos –añadió– queda en la impunidad la masacre, y la Procuraduría General de la República (PGR) quedará con las manos limpias al liberar a paramilitares presos que encubren un crimen de Estado.

“Si los liberan se encubre lo que fue la masacre: un crimen de Estado. Para nosotros este fue un crimen de Estado, una estrategia deliberada del gobierno para contrarrestar el avance, en este caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Si los liberan, los sobrevientes y familiares de las víctimas estarán en peligro de ser agredidos, porque ellos siguen teniendo las armas. También existe el peligro de que se afecte el tejido social de toda la zona, el riesgo del reagrupamiento de las bandas paramilitares, porque sería una especie de mensaje de que el Estado les está dando una garantía de impunidad, añadió Diego Cadenas.

La acción de los paramilitares de Acteal fue debidamente orquestada desde las altas esferas del poder; fue una estrategia militar y el Ejército Mexicano es transexenal; es como si se estuviera enviando un mensaje de que se va a reprimir cualquier sentimiento de insurgencia o protesta social, más allá del EZLN, sino contra cualquiera que se oponga a los proyectos económicos y de desarrollo impuestos por el Estado.

Refirió que los grupos paramilitares que hasta el momento se han mantenido con bajo perfil, siguen latentes en las comunidades e intentan reactivarse.

El representante de Las Abejas sostuvo que si la SCJN quisiera actuar apegada a derecho, ni siquiera le hubiera permitido actuar al ministro Sergio Valls, un chiapaneco que fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y representante del Consejo de la Judicatura con el que fue presidente de la República durante la masacre, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Es claro que los ministros van a actuar de acuerdo con sus intereses económicos y políticos, y no a través de la justicia. Diego Cadenas adelantó que, a fin de asegurar justicia, los sobrevivientes de la masacre ya solicitaron desde hace dos años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asuma el caso, porque creemos que en el sistema jurídico mexicano no se tiene asegurada la impartición de la justicia.