Senadores del PRD señalaron que el presidente Felipe Calderón debe asumir los costos políticos de llevar al Ejército a combatir el narcotráfico y permitir que queden impunes abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por militares, ya que eso ha provocado que esté en riesgo la entrega de recursos de la Iniciativa Mérida por parte de Estados Unidos.

El senador Tomás Torres señaló que el gobierno federal sabe bien que el Congreso de Estados Unidos puso reglas a la entrega de recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado, y una de ellas es que los cuerpos policiacos no violen los derechos humanos de la población.

El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, agregó que más le vale al país y al gobierno de México ser muy puntuales en el respeto a los derechos humanos, porque de lo contrario habrá repercusiones internacionales, incluyendo las decisiones soberanas del Congreso de Estados Unidos respecto de la aprobación de fondos para atacar a los cárteles de la droga.

Torres resaltó que existen pruebas de abusos y excesos cometidos por militares contra la población civil, que han sido documentados por organizaciones internacionales. Recordó que el gobierno mexicano se ha negado a cumplir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para retirar la figura del arraigo y el fuero militar.

Navarrete dijo que respeta la decisión del Congreso de Estados Unidos acerca del destino de los fondos presupuestales que aprueban, pero me preocupa que la violación de derechos humanos en México haya adquirido tal nivel, que un senador del partido del presidente Barack Obama haya decidido posponer la decisión de transferir a México los recursos de la Iniciativa Mérida.

Agregó que comparte la preocupación surgida en el Senado de Estados Unidos, porque la defensa de los derechos humanos debe estar por encima del combate a la delincuencia organizada.

Torres reveló que en el próximo periodo de sesiones del Senado el PRD presentará una iniciativa con la finalidad de suprimir el arraigo, quitar valor probatorio a las declaraciones de testigos protegidos y eliminar las intercepciones telefónicas indebidas, porque con el pretexto del combate a la delincuencia se está convirtiendo en regla la violación de derechos humanos.