or amplia mayoría –ocho votos contra tres–, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon ayer el lamentable proyecto en el que su colega Sergio Aguirre Anguiano proponía mantener al máximo tribunal del país al margen de la investigación necesaria y urgente del trágico incendio ocurrido a principios de junio pasado en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, como resultado del cual han muerto 49 niños y más de 70 sufrieron lesiones de diversa gravedad.

Debe saludarse, por principio de cuentas, la desatinada posición de Aguirre Anguiano, quien sostuvo que las expectativas de los padres de los menores fallecidos de recibir justicia por parte de la SCJN eran producto de un engaño. Por añadidura, en la ponencia del caso, el togado minimizó las facultades del organismo del que forma parte al repasar los episodios en los que la Corte ha ejercido su facultad de atracción sin que ello haya servido para contrarrestar la impunidad de los culpables: Aguas Blancas, San Salvador Atenco y San Juan Ixhuatepec, entre otros.

Por fortuna, y a diferencia de lo ocurrido en fallos recientes de la máxima instancia judicial del país –como el impresentable fallo de 2007 que exoneró al empresario Kamel Nacif y al gobernador poblano, Mario Marín, de los atropellos sufridos por la informadora Lydia Cacho–, en esta ocasión imperaron la sensatez y el sentido de justicia en la mayoría de los magistrados, y se impuso la necesidad de que la SCJN intervenga en el esclarecimiento de la catástrofe de Hermosillo, en la que, además de las pérdidas de vidas, se perpetró una violación grave –así hubiera sido culposa, en vez de dolosa– de los derechos humanos de los asegurados, quienes esperaban legítimamente condiciones mínimas de seguridad en la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Más allá del argumento legal que sustenta la facultad de atracción del caso por parte de la Corte, debe considerarse que tras el incendio las instancias estatales y federales de procuración de justicia han fallado en su tarea central, han incurrido en numerosas contradicciones, descuidos y actos que parecen orientados a solapar a los verdaderos culpables; hasta ahora, de hecho, tanto los propietarios del establecimiento subrogado como los altos funcionarios municipales, estatales y federales de los que puede sospecharse responsabilidad, permanecen sin castigo, ya sea por amparos obtenidos para evitar sus capturas –como es el caso de varios de los accionistas de la estancia infantil– o por la patente ausencia de voluntad política por parte de la Procuraduría General de la República para indagar a cuadros directivos del IMSS, que debió supervisar el buen funcionamiento de la guardería.

Es dable demandar a la SCJN que corrija la indolencia, la tardanza y el presumible afán de encubrimiento, y que su investigación llegue a los niveles administrativos y políticos que ni los gobiernos de Sonora ni el federal han querido afectar. Asimismo, es de esperar que el máximo tribunal del país adopte cuando menos una posición en torno al acto de gobierno que hizo posibles las condiciones para que ocurriera la tragedia: la sistemática subrogación de guarderías por parte del IMSS, una estrategia que parece más motivada por el propósito de generar negocios rentables a diversos particulares –allegados, en buena parte de los casos, a miembros del grupo gobernante– que por el deseo de garantizar el bienestar y la seguridad de los hijos de los asegurados; una política, en suma, que desvirtúa el sentido básico del Estado y que propicia –y hasta legitima– la corrupción.

Por otra parte, la más alta instancia judicial del país deberá pronunciarse, en breve, sobre las peticiones de amparo presentadas por 57 sentenciados por la masacre perpetrada en diciembre de 1997 en la localidad chiapaneca de Acteal, en la que fueron asesinadas 45 personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Como ha sucedido ahora con las investigaciones de la guardería ABC, los altos responsables políticos de aquella atrocidad –empezando por el entonces presidente Ernesto Zedillo, su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y quien se desempeñaba como gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, entre otros– no fueron nunca juzgados ni investigados y el ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar presentó los homicidios como consecuencia de conflictos intercomunitarios cuando, se sabía y se sabe, fueron producto de una política de contrainsurgencia acordada en las más altas instancias de Estado. Por más que no exista en la situación presente la posibilidad de impartir una justicia, que en el caso de Acteal nunca llegó, la SCJN tiene ante sí la oportunidad de diagnosticar y explicar, al menos, la verdadera dimensión de aquella masacre y de señalar la persistencia de la impunidad.