Acosados por deudas e intermediarios, y sin apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen- tación (Sagarpa) ni del gobierno de Sinaloa, cuatro mil campesinos se resisten a vender 500 mil toneladas de maíz de alta calidad en dos mil pesos o menos cada una, dijo el presidente del consejo estatal del Sistema Producto Maíz, Alonso Campos Encines.

Casi todos los años tenemos dificultades para encontrar un mercado adecuado, pero este ha sido más difícil por la reducción de los precios en los mercados internacionales, dijo.

Explicó que del millón de toneladas que se quedaron fuera de las compras anticipadas y por tanto de las coberturas financieras, los agricultores lograron vender medio millón a un precio de 2 mil 400 pesos por tonelada, pero la otra mitad no se han comercializado, ya que los intermediarios quieren pagar menos de dos mil pesos.

Hay enojo y desencanto entre los productores porque su esfuerzo para elevar la productividad no se ve compensado en la comercialización y las autoridades responden que el ingreso debe darse en el mercado y con ello se hacen a un lado.

En tanto, Manuel Tarriba Urtusuástegui, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (Caades), dijo que los productores podrían sufrir una crisis al no poder sembrar en el próximo ciclo agrícola otoño-invierno, ya que no se han vendido 500 mil toneladas de maíz.

El gobierno federal, afirmó, debe definir de manera urgente un esquema que atienda este problema y coloque en el mercado nacional las 500 mil toneladas del grano que no han sido comercializadas, de un total de 5 millones de toneladas que se cosecharon en Sinaloa este año.

Quinientas mil toneladas de maíz que tienen en el mercado un valor superior a los 4 mil 300 millones de pesos continúan pendientes de comercializarse en Sinaloa. La situación tiende ha hacer crisis porque el tiempo pasa y ya están encima los preparativos del nuevo ciclo otoño-invierno 2009-2010, sostuvo.

Campos Encines insistió en que los agricultores tenemos alguna responsabilidad, ya que durante años permitimos que representantes e incluso políticos usaran para otros fines los recursos destinados a la construcción de bodegas, y en otros casos esas instalaciones se perdieron al ser las cajas chicas de los políticos.