La Comisión Permanente le solicitó al presidente Felipe Calderón que presente al Congreso de manera urgente un informe sobre los alcances de la expedición de la cédula de identificación ciudadana, en el que se detallen los costos y plazos de organización de dicho proyecto.

A propuesta de los senadores del PRI, el pleno de la Permanente aprobó por unanimidad solicitarle al Ejecutivo que en el informe que envíe, señale los fundamentos de derecho en que se sustenta esta decisión, y la institución que tendrá a cargo el Registro Nacional de Ciudadanos, así como la emisión de dicha cédula.

En el punto de acuerdo que presentaron al pleno los senadores priístas Manlio Fabio Beltrones, Fernando Castro Trenti, Cleominio Zoreda, Mario López Valdez, Carlos Lozano, Adolfo Toledo y Francisco Arroyo Vieyra destacan que sería inaceptable que esta cédula pretendiera suplantar a la credencial para votar con fotografía, la cual, con el transcurso del tiempo, ha venido a ser una herramienta de identificación insustituible, esto como consecuencia del cuidado que se ha puesto tanto en su diseño y elaboración, como en las medidas para salvaguardar la seguridad del padrón del que se deriva.

A nombre de los senadores priístas promoventes, Arroyo Vieyra dijo en tribuna que permitir que se actúe en este sentido implicaría un retroceso que nos llevaría a momentos en los que el control de los procesos electorales recaía en la Presidencia de la República, y no en un órgano autónomo y ciudadano como lo es el Instituto Federal Electoral, entidad que por su reconocida imparcialidad ha ejercido un papel importante en la transición democrática y cuyos consejeros han expresado sus inquietudes sobre el mismo tema.

Tampoco sería deseable, detalló Arroyo Vieyra,  que el uso de esa cédula fuera canalizado a pervertir con fines electorales los programas sociales y a coaccionar a sus beneficiarios, pues ello alentaría el uso clientelar y paternalista de dichas políticas públicas, distorsionando con ello sus objetivos, que a final de cuentas se relacionan con el combate a la pobreza.

En la tribuna, el senador priísta advirtió que la expedición de la cédula, como ha sido anunciada por el Presidente, se encuadra en un contexto en el que el marco jurídico vigente resulta insuficiente, lo cual nos debe llevar a plantear la necesidad de formular aquellas iniciativas que garanticen el debido funcionamiento de este ambicioso proyecto.

Los priístas, detalló, consideramos que la sorpresiva implementación del documento debe ser abordada como una política de Estado, en la cual tengan participación el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el IFE, priorizando no sólo aquellos aspectos relacionados con la seguridad pública, sino todos aquellos que nos permitan evaluar su impacto general, tales como su costo presupuestal, su uso frente a la credencial de elector y los que deriven de la existencia de dos documentos oficiales de identidad.

De manera concreta, subrayó, lo que pedimos es que se dejen a un lado los anuncios unilaterales y se inicie una discusión que nos lleve a determinar la manera en que se puedan identificar de forma segura los habitantes de este país, pero sin que ello implique un golpe a las finanzas públicas ni mucho menos la comisión de ilícitos en contra del servicio público, como ocurrió hace algunos años con otras bases de datos ciudadanos.