A mes y medio del relevo en la gubernatura de San Luis Potosí, el Congreso local aprobó, por 23 votos a favor y dos en contra, la contratación de un préstamo de mil 500 millones de pesos para que el gobierno estatal termine obras estratégicas.

El crédito, a pagar en 20 años, eleva el endeudamiento del gobierno estatal a 4 mil 152 millones de pesos y deja prácticamente atado de manos al gobierno que a partir de septiembre encabezará el priísta Fernando Toranzo Fernández.

Si necesitara conseguir más financiamiento, la nueva administración sólo podrá disponer de 500 millones de pesos; de lo contrario, rebasaría el tope de endeudamiento, señaló el diputado de Conciencia Popular (partido de registro estatal) Jorge Vera Noyola, uno de los dos que votaron en contra.

En sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron el controvertido dictamen en menos de 30 minutos, sin importar las protestas de organizaciones como el Frente Cívico Potosino y la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular.

Pese a que el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aurelio Gancedo Rodríguez, se manifestó contra el endeudamiento, los cinco diputados del tricolor aprobaron el dictamen junto con los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

Jorge Vera consideró que pedir un crédito de tal magnitud hace evidente el mal manejo de los recursos públicos por parte del gobierno de Marcelo de los Santos, quien recibió una deuda de mil 300 millones de pesos de su antecesor, el priísta Fernando Silva Nieto, y la aumentó a más 4 mil 100 millones.

El dictamen aprobado explica que existe un desfase financiero de mil 895 millones pesos en obras programadas para 2009, monto que, según el documento, no representa un subejercicio, sino que es consecuencia del impacto de la recesión económica.

Según el informe, el préstamo se utilizará para cubrir ese desfase y concluir diversas obras del Plan Estatal de Desarrollo; sin embargo, no se aclara qué proyectos son ni cuánto dinero se destinará a cada uno.

Mientras, el gobierno panista de Querétaro, al que sólo le quedan 55 días, aumentó a partir de este jueves la tarifa del transporte colectivo en 30 por ciento, con el argumento de que es necesario hacer viable el servicio.

La tarifa pasó de cinco a 6.50 pesos en la zona conurbada, formada por los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, mientras en el municipio de San Juan del Río pasa de cinco a seis pesos.

Reducen sueldos a funcionarios en Chihuahua

Fidel Herrera rasura participaciones: alcaldesa

Claudio Bañuelos, Miroslava Breach y Andrés T. Morales Corresponsales

Al menos seis dependencias del gobierno de Aguascalientes recortarán 10 por ciento de su personal, aseguraron burócratas, quienes aseguraron que en sus oficinas ya no hay agua embotellada ni papel higiénico y les han pedido dinero para comprarlos.

Los despidos empezarían el 15 de agosto en la Secretaría de Gestión e Innovación (Segi), el Instituto de Salud del estado, (ISEA), la Secretaría de Seguridad Pública, (SSPE), la Secretaría de Desarrollo Social, (Sedeso), la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto de Vivienda, entre otras dependencias, donde laboran 8 mil empleados.

El lunes nos dijeron que si queríamos tomar agua que la compráramos, porque ya no hay dinero, se quejó un empleado de la Segi que pidió anonimato.

Un trabajador de la SSPE reveló: Ya nos avisaron que habrá recorte de personal que tenga menos de cinco años con base. Nos dijeron que hay mucha gente trabajando aquí.

Una burócrata del ISEA comentó: Nos dicen que van a empezar a pagarnos con tiempo, es decir, trabajamos más de nuestras ocho horas, y en lugar de un bono al que teníamos derecho ahora nos van a dar días (de descanso), pero se escucha que van a agarrarse de ahí para empezar a correr gente.

Un empleado de la Segi indicó: Hay muchos faltantes de recursos. Noventa por ciento de las dependencias tiene adeudos con sus proveedores y ya se les informó que se les pagará en enero del año que entra.

Mientras, el presidente municipal de Chihuahua, el panista Carlos Borruel Baquera, anunció reducciones de entre 3 y 9 por ciento a los salarios de los funcionarios de primer, segundo y tercer niveles del ayuntamiento para enfrentar la reducción de las participaciones federales.

El edil dijo que además se recortará 50 por ciento el pago de viáticos y el gasto de telefonía celular. también se reducirá la compra de papelería y gasolina y se congelarán plazas.

En Jalapa, Veracruz, la alcaldesa de Ciudad Mendoza, Dulce María Romero Aquino, acusó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de rasurar las participaciones federales de los municipios, a fin de hacer un guardadito para las elecciones locales de 2010.

Refirió que el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra una disminución de entre 20 y 25 por ciento en las ministraciones de los ayuntamientos, pero al llegar al gobierno estatal, el recorte se eleva hasta 65 por ciento.

Detalló que a Ciudad Mendoza se le han recortado hasta tres millones de pesos por mes.