La detención el sábado pasado de Miguel Ángel Beraza, La Troca, quien sería un importante integrante del cártel de La Familia, durante la misa por unos 15 años generó más reacciones encontradas en sectores políticos y católicos respecto de si fue correcto ejecutar la acción durante un servicio religioso. Esto ha derivado en una quejas por presunta violación de derechos humanos. En tanto, el sacerdote que oficiaba en el templo del Perpetuo Socorro, en Apatzingán, cuando irrumpieron los agentes federales, Vicente Soto Suárez, negó la existencia de nexos entre clérigos y narcotraficantes, y apuntó que en tierra de narcos más vale no hablar de ciertos temas.

Mientras Christophe Pierre, nuncio apostólico en México, respaldó en Coahuila la protesta de la Conferencia del Episcopado al gobierno federal por haber interrumpido la misa, el senador panista Ricardo García Cervantes y el diputado también del blanquiazul Cristian Castaño consideraron que en el combate al crimen organizado no puede haber refugios ni de un metro para delincuentes.

García Cervantes aclaró que, como católico, pugna por el respeto de los recintos y los cultos religiosos, pero bajo el principio de que no puede haber ningún espacio de escondite o evasión de la justicia, y Castaño recalcó que debe quedar muy claro que las iglesias o cualquier edificio religioso no serán un lugar sagrado para los criminales.

La Comisión de Derechos Humanos de Michoacán informó que ha recibido 16 quejas por detenciones arbitrarias, maltratos e incomunicación, producto de la irrupción de elementos federales al templo del Perpetuo Socorro. Víctor Serrato Lozano, presidente de ese organismo señaló que las denuncias fueron remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En entrevista aparte, el presbítero Vicente Soto Suárez, oficiante de la ceremonia de referencia en Apatzingán, reconoció que con sus 52 años de sacerdocio y 80 de edad, siendo diabético e hipertenso, ese sábado vivió algo que nunca había experimentado y para lo cual tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas a fin de no alarmarse demasiado, y empeorar su delicada salud.

Tras expresar que, desde su punto de vista, los presentes se veían buenos cristianos, narró que para detener a La Troca, los más de 200 elementos federales encapuchados y provistos de armas de alto poder ingresaron en el templo tan sólo 15 minutos después de haber comenzado la santa misa, a las 19:15 horas, ordenando que nadie se moviera. De inmediato –dijo– se fueron sobre el papá de la quinceañera, el cual no opuso resistencia y como manso cordero se fue con ellos. Lo mismo hicieron los otros detenidos, por lo que no hubo disparos.

Remarcó que no conocía ni a la quinceañera ni al papá ni a los familiares presentes, pues dicha iglesia no cuenta con sacerdote asignado y un grupo de éstos se turna para ofrecer los sacramentos. Negó que exista relación entre miembros de la Iglesia católica y narcotraficantes, y dijo que desconoce que haya obras benéficas de estos delincuentes ni narcolimosnas. Admitió que “es difícil ser cura en tierra de narcos” y que, por tanto, entre los sacerdotes de la región existe un consenso para que en los oficios religiosos no se toquen temas difíciles, por lo que sólo se abordan asuntos religiosos, porque, aseguró, hay orejas.

Por otra parte, senadores priístas dijeron que hubo rudeza innecesaria. Adolfo Toledo Infanzón recalcó que fue violencia innecesaria porque el pueblo de México tiene muy arraigados sus credos y costumbres religiosas, por lo que el operativo debió concretarse antes y no después de que el delincuente ingresara al templo.

Carlos Jiménez Macías resaltó que las autoridades debieron también considerar que se ponía en riesgo la vida de los feligreses.

El nuncio Christophe Pierre consideró que si bien el gobierno está obligado a combatir a las bandas criminales, se debe respetar la autonomía de los templos católicos. Aseguró que los sacerdotes corren muchos riesgos, especialmente los que están en zonas controladas por narcotraficantes. Sin embargo, rechazó la posibilidad de que los curas cuenten con protección gubernamental.