El gobierno de Felipe Calderón no ha publicado la reforma constitucional que establece los salarios máximos para funcionarios, por lo que el PRD pidió que la Comisión Permanente formule hoy un extrañamiento al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Hace 14 días que la Permanente le hizo llegar al funcionario el oficio para la publicación de esa reforma a los artículos 75, 115, 122, 123 y 127 constitucionales, pero no ha querido hacerlo y con ello viola la ley, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.

Autor de esa reforma, que el pasado 22 de julio concluyó su proceso, con la declaratoria de la Permanente de que la mayoría de los congresos locales la habían aprobado, Gómez Álvarez insistió en que el gobierno de Calderón no puede retener esa reforma, que va encaminada a evitar los excesos de los funcionarios de alto nivel, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes reciben sobresueldos ilegales.

La reforma frenada en la Secretaría de Gobernación, dijo, es para fijar un tope a las remuneraciones de los servidores públicos de alto nivel, a fin de que ninguno perciba un salario superior al del presidente de la República. Sin embargo, cómo hacer valer la Constitución si quien ha protestado cumplirla no lo hace.

El senador explicó que los sobresueldos millonarios que perciben los magistrados del TEPJF, los ministros de la Suprema Corte y la gran mayoría de los funcionarios, son ilegales. Remitió a la Constitución –artículos 126 y 127–, donde se establece que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, o en los de las entidades paraestatales.

Por ello, insistió, esos sobresueldos de los magistrados son ilegales e inconstitucionales, porque se los asignan ellos mismos, sin estar autorizados por la Cámara de la Diputados.

El senador priísta Adolfo Toledo Infanzón deploró que el gobierno de Felipe Calderón insista en retardar la publicación de leyes, y coincidió con Gómez Álvarez en que en este caso están actuando de forma ilegal, porque al tratarse de una reforma constitucional, el deber de la Secretaría de Gobernación es publicarla de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.

Recordó que la Comisión Permanente formuló ya un extrañamiento a Felipe Calderón, porque había más de 30 leyes sin promulgar hasta junio, y ahora se le debe exigir a Gobernación que publique a la brevedad la reforma constitucional que fija los salarios máximos para funcionarios públicos, a fin de que pueda aplicarse.

En un contexto de crisis económica como el actual, es un insulto y una grosería al pueblo de México que los magistrados tengan ingresos tan altos, expuso a su vez el diputado perredista Humberto Zazueta. Reprochó que el gobierno federal no muestre ningún interés en racionalizar ese rubro del gasto público y, en lugar de acabar con sobresueldos ilegales, insista en recortar gastos prioritarios.

En ese sentido, el senador priísta Carlos Jiménez Macías dijo que la próxima Cámara de Diputados tienen que acabar en definitiva con esos gastos suntuarios.