unque el título de este artículo podría haberse extraído de una de las fábulas de Esopo o de Lamartine, no es así. Se refiere a Felipe Calderón y a Jacinta Francisco Marcial. El primero es el Presidente de México. La segunda es una indígena ñañu (otomí) recluida desde agosto de 2006 en el Centro de Readaptación Social Femenil, en San José el Alto, Querétaro. Ya que Jacinta sigue encarcelada pese a los esfuerzos de algunas organizaciones no gubernamentales, y ante la contumacia de nuestros aparatos de justicia, a Calderón le corresponde atraer el caso. No sólo por las infamias que representan las acciones contra ella, sino para que el país sea testigo de un acto presidencial justo y ético.

La encarcelación de Jacinta resume, ad nauseam, los sinsabores de lo absurdo, de la injusticia, del racismo, del sesgo contra lo femenino, de la inamovilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la mediocridad de los sistemas de justicia de nuestro país. La sentencia que asevera en México la realidad supera a la ficción y al absurdo es, en el caso de Jacinta, brutalmente cierta.

Resumo los hechos tal y como han sido narrados por diferentes medios de publicación. El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin portar uniforme, y sin identificarse como tales, llegaron a la plaza central de Santiago Mexquititlán. Despojaron a algunos comerciantes de sus mercancías con violencia, tras haberlos acusado de vender objetos pirata. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación, quienes se negaron a presentarla.

Cuando la tensión aumentó, el jefe regional de la AFI, y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, acudieron al pueblo para dialogar; ofrecieron, además, pagar los daños causados por sus miembros. Se acordó que uno de los elementos permanecería en el pueblo como garantía. El incidente finalizó el mismo día, tras convenirse que los comerciantes recibirían la cantidad correspondiente a los daños causados.

El 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial fue llevada, aparentemente con engaños, a Querétaro, donde fue presentada ante los medios de comunicación. Se le acusó de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los sucesos de marzo. Fue condenada a 21 años de prisión.

Jacinta es una indígena de 46 años, seguramente de baja estatura y de bajo peso, dedicada a la venta de aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis y afuera de la iglesia de su pueblo. Se han esgrimido dos pruebas en su contra: una fotografía de un diario local tomada el día de los sucesos y el informe que brindaron los agentes de la AFI donde declaran que fueron rodeados y secuestrados por un grupo de personas. Con esos argumentos se procedió a encarcelar a la indígena.

Con el lema Tú puedes ser Jacinta, un grupo de organizaciones no gubernamentales, así como miembros de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local, iniciaron, hace unos días, una campaña de recolección de firmas en apoyo de Jacinta, quien el 8 de agosto cumplirá tres años de estar presa por un delito que no cometió. Sería prudente que Felipe Calderón se enterase de la situación, y que respondiese, al igual que los encargados de la justicia en Querétaro, la pregunta que se hacen muchas de las personas que buscan la libertad de la indígena. ¿Alguien en su sano juicio puede imaginar que una pequeñita mujer indígena tenga la fuerza para secuestrar a seis fornidos agentes de la AFI, armados con toletes, rifles de asalto, protegidos con escudos y casco en la cabeza?

El affaire Jacinta es el culmen de la infamia y de la injusticia. Es una pena que después de tres años siga encarcelada, que sus derechos no hayan sido restituidos y que la sentencia no haya sido modificada. La infamia cometida contra la indígena es producto de la mediocridad de nuestro sistema de justicia. Es producto, también, de su vulnerabilidad: es mujer, es indígena y es pobre.

En el affaire Jacinta todos los implicados en impartir justicia han fallado. A su condición de vulnerabilidad debe agregarse que durante el juicio Jacinta no contó con traductor (ha aprendido español en la cárcel), se le negó el derecho de presunción de inocencia y es probable que haya sido secuestrada para llevarla a Querétaro.

El Presidente y Jacinta no es una fábula de Esopo, es una realidad mexicana. Con Jacinta se ha violentado la ley, se ha vulnerado su persona, se ha atentado contra sus derechos humanos y se ha erigido un monumento a la sinrazón. Ante la inoperancia de los directamente responsables, ante la sordidez del caso y ante la ausencia de justicia sería ético que el presidente Calderón se hiciese cargo de Jacinta.