Santiago, 3 de agosto. La justicia chilena decidió iniciar un proceso contra dos ex altos militares por haber recibido comisiones en la compra a Holanda de 202 tanques en 1998, operación que también habría beneficiado al fallecido dictador Augusto Pinochet.

El magistrado Manuel Antonio Valderrama decidió someter a juicio, por malversación, al general en retiro Luis Iracabal Lobo y al brigadier en retiro Gustavo Latorre, quienes habrían recibido 300 dólares cada uno de comisión por la compra de los tanques.

Iracabal Lobo era en esa época el director de la estatal Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), empresa que suscribió el contrato con la intermediaria holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij (RDM), por 7.5 millones de dólares.

Este caso comenzó a ser investigado en 2004 cuando el juez Sergio Muñoz, quien indagaba el origen de la fortuna de Pinochet, descubrió el pago de comisiones ilegales a uniformados en la compra de los carros de guerra a través de una serie de requerimientos de información a diversos países sobre las cuentas de Pinochet y de su ex albacea Oscar Aitken.

Según los antecedentes, que obran en el expediente del caso Riggs –que actualmente instruye Valderrama–, RDM Honding pagó 7.5 millones de dólares, que representaban 14 por ciento de los 53.7 millones del valor de la exportación, a altos mandos del ejército a través de Guillermo Ibieta, el gestor chileno de la compra de los Leopard I. El Riggs es el banco estadunidense donde Pinochet tenía sus cuentas secretas.

En 2005, en tanto, la empresa holandesa RDM Technology confirmó públicamente que canceló este dinero a la sociedad Cornwall Overseas Corporation, representada por el ex albacea de Pinochet, el abogado Aitken.

Tanto Iracabal Lobo como Latorre permanecerán detenidos en el Batallón de Policía Militar de la comuna de Peñalolén.

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que en ese entonces se desempeñó como ministro de Defensa, rechazó este tipo de comportamientos y aseguró que si hubiera tenido conocimiento de esta situación lo habría denunciado inmediatamente a la justicia. Me parece que es una hecho gravísimo y ojalá se llegue al fondo del asunto, aseveró.

El comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta Ferrer, manifestó que tradicionalmente la institución no comenta los fallos de los tribunales de justicia, pero indicó que en este caso, el proceso debe seguir su curso. Siempre es preocupante que ex integrantes de la institución sean sometidos a proceso, señaló.