La decisión de impulsar la cédula de identidad ciudadana debe ser encuadrada en una política de Estado, en la cual no sólo el Poder Ejecutivo sea protagonista, sino también el Congreso de la Unión, el Instituto Federal Electoral (IFE) y otros actores políticos; la determinación no puede ser reducida a un aspecto de seguridad, pues debe abarcar una valoración general, que incluya el impacto potencial ante la credencial para votar, consideró el consejero electoral Virgilio Andrade.

Entrevistado sobre los alcances del anuncio en la materia hecho por el Ejecutivo federal, Andrade afirmó que si bien se encuentra en el marco legal, no dejó de ser sorpresivo el contexto en que se dio.

Subrayó que el tema debería ser motivo de un debate general e integral sobre lo que significaría dicha cédula, el destino de la credencial de elector y las ponderaciones no sólo de índole presupuestal, sino también las políticas y sociales, de tener esos dos documentos oficiales de identidad.

En años recientes, el IFE ha destinado partidas superiores a 3 mil millones de pesos anuales para mantener actualizado el padrón electoral, lo cual ha sido favorecido, entre otros aspectos centrales, por la confianza social en el instituto, señaló.

En algunas temporadas, el nivel de trámites procesados por el Registro Federal de Electores es de 25 mil por día, lo que refleja la confiabilidad que ha logrado consolidar este instrumento de identidad, agregó.

Asimismo, el anuncio gubernamental se da en un contexto en el que el IFE está empeñado en un proceso multianual para sustituir millones de credenciales 03 que aún tienen los ciudadanos, toda vez que el proceso electoral que está por concluir ha sido el último en el cual esas credenciales se utilizaron para sufragar.

Como parte de sus inversiones, el instituto tiene previsto sustituir todas las credenciales antes de 2012 y destinar partidas para actualización del padrón electoral. En estos días el IFE discutirá y aprobará su solicitud de petición presupuestal, que deberá contener esas previsiones.

En ese contexto, Andrade subrayó que, inicialmente, cuando se confirió al IFE la atribución de conformar el padrón electoral y el listado nominal, se tenía la previsión de que derivara en la creación de la cédula de identidad.

Añadió que durante las discusiones de la reforma electoral de 1996 se retomó el tema, pero de nuevo se dejó pendiente, incluido en un transitorio en el que se establecía que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero podrían votar una vez que se contara con dicha cédula.

Andrade consideró que, más allá de las formas unilaterales utilizadas por el gobierno, es necesaria una discusión integral en la cual se examinen todos sus efectos. Destacó que se debe valorar, haciendo una honesta reflexión, los grados de confianza de la sociedad en el gobierno.

Recordó que uno de los factores que alentaron el crecimiento y la consolidación de la credencial de elector fue precisamente la confianza que tuvo el ciudadano en otorgarle información a una institución ajena al gobierno.

El consejero apuntó que es preciso valorar el posible impacto de realizar un doble trámite –uno para la credencial de elector y otro para la de identidad– y si, eventualmente, al contarse con esa cédula como documento oficial, se pudieran desalentar las tareas del IFE en materia de actualización del padrón.

Ciertamente, admitió, existen consideraciones que deben ser ponderadas, como la seguridad, pero tomar ésta como único argumento central es evidente que genera mayores controversias.

Por ello, insistió en la necesidad de que en la discusión sobre dicha cédula se privilegie una visión de Estado, sobre todo porque de un debate amplio es posible encontrar elementos favorables para la sociedad en su conjunto.