El Instituto Federal Electoral (IFE) inició el análisis para la definición del presupuesto para 2010, el cual se aprobará este mes en sesión del Consejo General.

Si bien ya no tendrá que monitorear 2 mil 43 canales de radio y televisión –que transmitieron casi 23 millones de espots durante las precampañas y campañas pasadas–, el árbitro electoral requiere recursos para resolver el cúmulo de procedimientos sancionadores.

Para el año entrante se deberán considerar los trabajos de fiscalización del gasto que ejercieron los partidos políticos durante el proceso electoral que concluye el 23 de agosto próximo.

La Unidad de Fiscalización (de reciente creación, tras la reforma electoral) no tiene presupuesto fijo (recibe ministraciones mensuales) y cuenta con 287 empleados, casi todos eventuales.

En esta fiscalización deberá atender los compromisos por convenios con autoridades financieras y bancarias para garantizar el manejo lícito de las prerrogativas.

Entre las instituciones involucradas se encuentran el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Consejo General aprobó el jueves pasado los convenios para dar celeridad a los proyectos relativos a la fiscalización.

La unidad indaga 49 casos relativos a probables infracciones a la ley electoral; de éstos, 44 son quejas y cinco oficiosos.

El IFE ejerce este año un presupuesto de 12 mil 880 millones de pesos, de los cuales poco más de 9 mil millones se ocuparon para la organización de los comicios, incluidos los gastos ordinarios del instituto, y el resto son prerrogativas para ocho partidos.

El Consejo General autorizó la creación de una comisión temporal de revisión del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2010, la cual estará integrada por los consejeros Francisco Guerrero (presidente), Benito Nacif y Arturo Sánchez, quienes se coordinan para este fin con la secretaría ejecutiva del instituto.