Saltillo, Coah., 31 de julio. Con el apoyo de policías estatales, representantes de la empresa Transportes Signum, propiedad del ex director general de Pemex, Rogelio Mon- temayor Seguy y de su hijo Rogelio Montemayor García, irrumpieron a golpes y empujones en instalaciones de la mina Pasta de Conchos y se apoderaron de la planta lavadora de carbón, vendida al parecer por Grupo México e Industrial Minera México (IMMSA), concesionarios del yacimiento, al ex funcionario.

Viudas de los trabajadores, que hace tres años murieron en la carbonera –cuyos cadáveres permanecen sepultados en el lugar–, trataron de impedir la incursión, pero en su intento fueron retiradas a empujones, narró Elvira Martínez, una de las víctimas.

Aseguró que al menos una viuda y un joven fueron golpeados por policías y guardias de seguridad que custodiaban a los enviados de Montemayor.

A un muchacho que se llama César Ríos lo agarraron a patadas y a la señora Rosa Mejía (cuyo esposo murió junto a otros 64 mineros en el accidente ocurrido la madrugada del 19 de febrero de 2006) la sacaron a golpes.

Horas después del operativo, la Organización Familia Pasta de Conchos condenó en un comunicado el acto violento y sostuvo que dicha acción responde a que IMMSA sabe que las familias y trabajadores están accediendo y acercándose al lugar donde posiblemente estén los restos de los trabajadores que pudieron haber sobrevivido a la explosión.

Han sido evidenciadas todas las medidas con que justificaron la suspensión del rescate: ni el agua está contaminada de VIH, hepatitis o tuberculosis, ni el gas es incontrolable, ya que según nuestras mediciones del 17 de abril y del 25 de julio pasados, en el cañón de regreso (por donde sale el gas de toda la mina) los metanómetros marcaban cero por ciento

Por su parte, otra de las viudas, Teresa Contreras, informó que hacia las siete de la mañana Rogelio Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila entre 1993 y 1999, se aproximó a las instalaciones de la mina custodiado por unos 40 guardias de seguridad vestidos de civil y alrededor de 60 agentes de las policías Operativa e Investigadora, que dependen de la Fiscalía General del estado.

Señaló que durante cuatro horas Montemayor trató de convencer a las viudas de la validez del negocio que realizó con los concesionarios de Pasta de Conchos, para apropiarse la planta lavadora de carbón y ofrecer el servicio a pequeños y medianos productores del mineral en las regiones centro y norte de Coahuila.

Sin embargo, dijo que Montemayor García en ningún momento nos presentó el documento que acredite la compra-venta, y al filo de las 11:15 horas los guardias contratados por el ex gobernador priísta abrieron un boquete en la malla ciclónica perimetral de la mina (localizada en el municipio de San Juan de Sabinas, a 350 kilómetros al norte de Saltillo), por donde ingresaron.

Tratamos de impedir que pasaran, pero nos empujaron, a varias compañeras las golpearon los mismos policías estatales, denunció Elvira Martínez.

Teresa Contreras, quien es abogada, explicó que Grupo México no se encuentra en condiciones de vender bienes involucrados en Pasta de Conchos, debido a que en noviembre de 2007 la Secretaría de Economía le canceló provisionalmente la concesión que tiene sobre la cantera.

En tanto, Martínez dijo que luego de la violenta irrupción, la cual no pudieron frenar, los familiares optaron por retirarse.

No obstante, la Organización Familia Pasta de Conchos hizo un llamado al gobernador del estado, Humberto Moreira, para evitar que IMMSA y sus prestanombres utilicen a su gobierno para violentar los derechos y las justas demandas de las familias.

Asimismo, las manifestantes advirtieron que no habrá acción violenta ni poder estatal ni privado que impida que las familias rescaten los restos de los mineros que murieron en el siniestro provocado por su negligencia y a los que sobrevivieron y que dejaron atrapados.

Cristiana Auerbach, del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, organización que presta asesoría jurídica a las familias, informó que después del operativo, Rosa Mejía y César Ríos denunciaron ante el Ministerio Público a la empresa y la policía judicial del estado por agresión.

(Con información de Mariana Norandi)