l 23 y 24 de julio la Cámara de Diputados organizó el foro La minería de tajo a cielo abierto, sus impactos en la sociedad, el medio ambiente, la ecología y los recursos naturales. La tarea legislativa. Ahí el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Javier González Garza, afirmó que en México hay muchas mineras, en especial canadienses, que trabajan a cielo abierto, utilizan cianuro, dejan inutilizables los mantos acuíferos y las tierras, y, una vez que terminan, se marchan sin reparar el daño ni recibir una sanción. Son pues negocios muy lucrativos, en tanto no contabilizan los verdaderos costos.
Ante las declaraciones del diputado González Garza, la respuesta de Sergio Almazán, director general de la Cámara Minera de México (Camimex), fue igual de sorprendente, pero en sentido contrario. Según él, el sector minero es uno de los que más se ha preocupado por la conservación del medio ambiente, y su argumento central es que la minería es la tercera instancia que más árboles sembró en el país, superada solamente por el Ejército Mexicano y la industria forestal.
Al parecer, la Camimex ignora que, ante la falsedad demostrada de similar argumento, el director del programa forestal de la Semarnat tuvo que ser removido. Ello no obstante, los argumentos citados son sólo la punta del iceberg. Sabemos que de acuerdo con el informe de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN sobre las fuentes de emisiones de contaminantes (no atmosféricas) en México, la industria minera es la principal, por miles y miles de toneladas de plomo, cianuro, níquel, cromo y otros venenos que año con año van al agua y al suelo, los cuales envenenan acuíferos y a miles de ciudadanos y niños. La comarca lagunera, la cuenca de Guanajuato, la del río Santiago y muchas más son trágicos ejemplos.
Sin embargo, los problemas no son únicamente ambientales o de salud, sino de seguridad nacional, por el peligrosísimo apoderamiento y control político del territorio que ha propiciado el modelo minero que se viene fomentando aceleradamente. De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que ha analizado la información oficial de la Secretaría de Economía, el gobierno ha entregado un acumulado de más de 80 mil concesiones mineras a los particulares, que, hasta junio de 2008, oficialmente superan los 32 millones de hectáreas del territorio nacional (16 por ciento de su superficie).
Sin embargo, una lectura de los datos oficiales actualizados a abril de 2009, arroja una cifra de más de 39 millones de hectáreas (el 20 por ciento del territorio). Y en ciertos estados, como Chihuahua, los particulares poseen concesiones sobre el 56 por ciento del territorio (14 millones de hectáreas); en Zacatecas el 28 por ciento (1.9 millones), y en Sonora el 23 por ciento (más de 4.5 millones).
De este proceso de entrega no escapan ni los estados pequeños. El diagnóstico es alarmante, pues en lo que va de este gobierno se han entregado 17.5 millones de hectáreas en concesiones mineras, casi la misma cantidad de tierra (18 millones) que en todo el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas se entregó a los campesinos.
Son entregas territoriales que, según testimonios vertidos por representantes comunitarios en la Cámara de Diputados, se expresan como enclaves de poder político dentro de las entidades federativas: pagan campañas electorales, promueven autoridades municipales a modo, dividen comunidades, violan políticas de planeación o leyes agrarias, ambientales, laborales, de protección a los derechos humanos o de pueblos indígenas. Todo ello permitido gracias a la ilusión de que esas inversiones, tanto extranjeras como de monopolios de origen nacional, traerán progreso y empleo.
El ejemplo más conocido, pero no único, es la operación ilegal de la empresa canadiense New Gold, mejor conocida por el nombre de minera San Xavier, a quien los pobladores potosinos de Cerro de San Pedro le han ganado durante 13 años de resistencia todos los juicios ante tribunales, pero a la que la complicidad de políticos y funcionarios le ha brindado ilegal protección.
Otro caso indignante es la complicidad evidente del gobierno de Colima y las dependencias federales con la violación flagrante de los derechos de los pueblos nahuas y otomíes, habitantes de la población Las Pesadas, del ejido Ayotitlán, Jalisco, por parte de la trasnacional minera Ternium, o Peña Colorada. Esta empresa no sólo ha usurpado, diezmado y explotado ilegalmente los territorios, fuentes de agua y recursos minerales, sino que ejerce amenazas y mantiene cercadas y acorraladas las viviendas de los pobladores. Y ante la complicidad y omisión gubernamental, el caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El rosario de casos de empresas mineras violadoras de la legislación vigente y de los convenios internacionales que nuestro país ha ratificado, ha empezado a ser del conocimiento público gracias a la creciente resistencia y organización de las comunidades afectadas. Pero, ¿no habrá llegado la hora en que la clase política y en particular los legisladores sean sensibles a la necesidad de abandonar la falacia que afirma que el progreso tiene costos inherentes que hay que aceptar irremediablemente? ¿Este costo también entraña la creación de estados dentro del Estado? ¿Como la impunidad, la criminalidad o el negocio del narcotráfico? De ser así, entonces no nos quedará más remedio que recordarles que cuando la ira social sea mayor, ya no podrán refugiarse sin visa en Canadá.
