l director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, señaló el pasado lunes que, como un paso previo a la entrega de los recursos programados en la denominada Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado de la nación vecina, Hillary Clinton, analizará la situación de los derechos humanos en México, con el propósito de determinar si el país obtiene o no la certificación estadunidense en ese terreno.

La declaración del funcionario es por demás improcedente, en primer lugar por su carácter injerencista: ningún Estado puede erigirse en juez de otros ni aprobar o desaprobar el desempeño de éstos en ámbitos particulares, como el de los derechos humanos. En ese sentido, la aceptación, por parte del gobierno federal, de la intención anunciada por Kerlikowske implicaría un sometimiento inaceptable a los designios de la superpotencia y una abdicación de la soberanía, al tiempo que causaría un daño adicional a la de por sí deteriorada imagen de la administración en turno.

Por otra parte, la pretensión estadunidense de certificar el respeto a los derechos humanos en México encierra un disparate mayúsculo, pues proviene de un país cuyo expediente en esa materia esta marcado por excesos y tropelías de toda suerte a escala planetaria, entre los que destacan los campos de concentración de Abu Ghraib y Guantánamo, las redes de vuelos secretos de la CIA, el recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales padecido por los propios estadunidenses, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak. Durante la desastrosa era de George W. Bush, Washington convirtió el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles, el terrorismo y la utilización de la tortura en prácticas habituales y, con ello, se ganó a pulso el ser considerado el principal violador de las garantías individuales en el mundo.

Hasta ahora, los propósitos de viraje del presidente Barack Obama en éste y en otros terrenos siguen siendo, básicamente, buenas intenciones –plausibles, sí, pero del todo insuficientes–, y ello se debe en gran medida a las resistencias del aparato de gobierno a abandonar las tradicionales políticas intervencionistas, belicistas, hegemónicas y, a fin de cuentas, violatorias de los derechos humanos. En esta materia, la propia Hillary Clinton es un ejemplo vivo del doble discurso y de la hipocresía tradicionales de Estados Unidos, pues guarda silencio ante las atrocidades que se cometen en países aliados de Washington (Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Colombia, entre otros), al tiempo que critica a quienes disienten de las políticas globales y regionales de la Casa Blanca y el Pentágono.

Ciertamente, la situación de las garantías individuales en México es catastrófica y tiende a empeorar: a la impunidad generalizada de que disfrutan los servidores públicos que atropellan a los ciudadanos en el marco de la guerra contra la delincuencia emprendida por este gobierno, deben sumarse la documentada persistencia de la tortura, de la ejecución extrajudicial y de los abusivos arraigos; adicionalmente, y como lo advirtió recientemente la senadora Rosario Ibarra, el país asiste al resurgimiento de las desapariciones políticas, ahora disfrazadas de levantones del narco, así como a la criminalización creciente de las luchas sociales y de las oposiciones políticas. En el ámbito jurídico, los derechos humanos han experimentado también una regresión durante el gobierno calderonista, con la aprobación de legislaciones aberrantes, como la reforma penal de febrero de 2008 –popularmente conocida como ley Gestapo–, o la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, por cuanto obstruye el acceso de ese organismo a la información procesal en poder del Ministerio Público federal.

Más allá de las tendencias autoritarias en el presente gobierno mexicano, estos retrocesos son en buena medida reflejo y consecuencia de la guerra contra el terrorismo lanzada por Bush, en el marco de la cual presionó a diversos gobiernos (como los de Fox y Calderón) a restringir libertades civiles y garantías individuales, y a tratar de resolver conflictos sociales y políticos por medios penales, policiales y militares, como los que preconiza la propia Iniciativa Mérida.

Ante las consideraciones referidas, las autoridades nacionales tienen el deber de rechazar y repudiar la pretensión estadunidense de la certificación. La lucha por la vigencia de los derechos humanos en el país dista mucho de haber terminado y el saldo es desfavorable; pero Washington carece de la autoridad moral para erigirse en ejemplo y juez en esa materia.