Los tribunales especializados en la atención de adictos a alguna droga, llamados comúnmente cortes de droga, operan en Estados Unidos al menos desde 1996. Tan sólo durante el primer año de aplicación de esa figura legal en el estado de Arizona, hace más de una década –después de que se consultó a la población mediante un referendo sobre ese tema–, el ahorro del erario fue de cerca de 2 millones de dólares. Esa cantidad dejó de invertirse en el sistema penitenciario local, donde cada reo costaba al gobierno estatal casi 17 mil dólares anuales por concepto de vigilancia y manutención.

Más aún, la Corte Suprema de Arizona determinó en una resolución judicial de 1996, que con la implementación de cortes de droga, 75 por ciento de los participantes de su programa permanecieron libres de su adicción durante el primer año de aplicación.

Estos y otros informes estadísticos, que explican cómo funciona la estructura de dichos tribunales de atención a adictos en el vecino país, fueron recabados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y entregados por el zar antidrogas del gobierno de Barack Obama, Gil Kerlikowske, a miembros del gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, como parte de las recomendaciones que se han hecho a México para apuntalar su denominada guerra contra el narcotráfico, informaron ayer a La Jornada fuentes gubernamentales.

Las cortes de droga permiten que alguien sorprendido en posesión simple de narcóticos, en algún estado que contemple dicha innovación, pueda recibir como sentencia un tratamiento contra el uso de estupefacientes en vez de encarcelamiento.

También abre la posibilidad de que los infractores sin antecedentes penales que hayan cometido delitos contra la salud, incluso aquellos considerados graves por la legislación federal y por las estatales de Estados Unidos, puedan recibir libertad condicional.

Sin embargo, magistrados federales mexicanos consultados por La Jornada consideraron que esos tribunales especializados serían inviables en México, básicamente por dos razones: porque el país carece de infraestructura para instalar centros de rehabilitación de adictos como los de Estados Unidos, y básicamente porque la legislación penal mexicana impide las penas supletorias para quienes cometan delitos contra la salud.

Respecto del informe estadunidense se menciona que el primer estado en incluir esta figura jurídica en su legislación fue Arizona, mediante su Ley de Medicalización, Prevención y Control de Drogas.

Así, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia estadunidense, al que tuvo acceso este diario, a las autoridades de ese país les cuesta unos 20 mil dólares anuales mantener en la cárcel a un delincuente.

Según los cálculos de esa oficina, con los casi 150 mil reos encarcelados en todas las prisiones de ese país por cargos de posesión de drogas, Estados Unidos gasta al año unos 3 millones de dólares para mantenerlos seguros y alimentados en las cárceles estatales y federales.

La investigación refiere que por cada dólar invertido en programas de tratamiento de adicciones se ahorran entre cuatro y siete dólares, puesto que se reduce la comisión de los delitos relacionados con drogas y, por ende, disminuyen los costos de justificación, reclusión y procesamiento penal.

Con tales ahorros, cada vez más tribunales de distrito y poderes judiciales estatales prefieren aplicar los tratamientos contra las drogas por sobre el encarcelamiento al momento de dictar sentencia.