l proyecto de ley Waxman-Markey sobre energía limpia es el documento más importante sobre calentamiento global que se ha discutido en Washington. Representa el primer esfuerzo serio para encarar el gravísimo problema de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por parte de Estados Unidos. Acaba de ser aprobada en la Cámara de representantes, pero casi nadie está contento con su contenido. La oposición alega que aumentará el precio de los energéticos, que es un incentivo para que las industrias intensivas en energía emigren a países como China y que hará más difícil la recuperación económica.

Para la comunidad ambientalista la ley es demasiado débil. Sin embargo, considera que es lo mejor que se puede hacer por el momento. La idea es que debe ser aprobada ahora para poderla mejorar mañana.

Hay que reconocer que por primera vez el Congreso estadunidense encara un proyecto de legislación que toma en serio las recomendaciones de los científicos más destacados dentro y fuera de Estados Unidos. Además, los mecanismos que se pondrán en pie al amparo de esta ley deberán conducir a la economía estadunidense a una transformación estructural de grandes alcances.

Uno de los méritos de la ley es que por primera vez establece metas que más o menos están a la altura de lo que se necesita. El planeta está acercándose a umbrales delicados. Ya la concentración de bióxido de carbono en la atmósfera pasó de 280 a 387 partes por millón (ppm), y si todo sigue igual, en unos 30 años podríamos alcanzar las 450 ppm. Para ese nivel muchos científicos nos han alertado sobre riesgos de cambios irreversibles: es urgente reducir radicalmente las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles en las próximas décadas.

Para lograr eso en Estados Unidos, se podía haber optado por un impuesto a los combustibles fósiles. Ese hubiera sido el camino más directo, pero en el Comité de energía ni siquiera se discutió esta opción. Y la razón es que cualquier cosa que tenga el sonido de la palabra impuesto sigue siendo un problema en el congreso estadunidense.

En cambio, la LWM propone establecer un mercado a escala nacional de cuotas permitidas de emisiones de carbono. Las empresas que excedan el límite de la cuota de emisiones que les ha sido asignada tendrán que comprar el permiso para las emisiones excedentes. Ese permiso se lo comprarán a las compañías que emitan menos GEI. La idea central es que las fuerzas del mercado se encargarían de forzar la reducción de emisiones.

Pero aquí es donde comienzan a aflorar los problemas. La asignación de las cuotas permitidas de emisiones equivale a una decisión ética muy controvertida. Si las empresas contaminantes pudieran hablar, esto es lo que nos dirían: Hola, tengo décadas contaminando nuestra atmósfera, pero si me dejas seguir contaminando un rato más, podemos comenzar a buscar la mejor manera de resolver este problema.

Para reducir los abusos el proyecto original contemplaba la posibilidad de subastar 100 por ciento de las cuotas de emisiones. Esto afectaría no sólo a la industria manufacturera en su conjunto (en donde se encuentran ramas muy intensivas en energía como la siderúrgica, aluminio, cemento y vidrio), sino al sector energético que es uno de los más importantes emisores de GEI. Pero la realidad política obligó a subastar sólo 15 por ciento, regalando a las industrias contaminantes 85 por ciento de las cuotas de emisiones. Las cuotas sujetas a subasta aumentarán gradualmente y para el año 2030 casi la totalidad estará subastada. Pero eso es un horizonte temporal demasiado largo.

Otro problema grave es que al regalar las cuotas de emisiones, la asignación se realiza sobre la base de las viejas amistades de siempre, los grupos de poder, etcétera. El gobierno no sólo se priva de un ingreso considerable, sino que las cuotas quedan en manos de empresas que simple y llanamente reciben un bono caído del cielo. Afortunadamente, la ley establece restricciones importantes para cuando estos permisos transferibles comiencen a intercambiarse y se conviertan en derivados (en especial, elimina la cláusula Enron y la coladera Londres-Dubai). Pero eso no eliminará los abusos.

A esto hay que añadir que el proyecto de ley establece un sistema de compensaciones de emisiones parecido a lo que ya existe en el Protocolo de Kioto. Con este sistema, una empresa contaminante puede financiar un proyecto que absorba o retira gases invernadero de la atmósfera. Pero este sistema se presta a numerosos abusos y será un obstáculo para llevar a cabo la transformación tecnológica que se necesita. Las cosas pueden empeorar cuando la legislación pase al Senado para su aprobación final. Las presiones para suavizarla todavía más aumentarán y probablemente se otorguen más privilegios para algunos sectores. Esta será la ley que la administración Obama ofrecerá al mundo para buscar destrabar las negociaciones internacionales sobre calentamiento global de cara a la reunión de Copenhague.

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