Buenos Aires, 27 de julio. En lo que fue caracterizado aquí por diversos sectores de la sociedad argentina como un importante paso, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó la detención de 28 militares en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur. Es la primera vez que existe un listado que abarca a oficiales de menor rango, que sus jefes, los dictadores como Jorge Rafael Videla y otros.

También en el dictamen figura una estricta división por zona, como se utilizó en la pasada dictadura militar (1976-1983) y una especificación por las acusaciones como autores mediatos de secuestros y desapariciones, lo cual también es importante para el juicio sobre la Operación Cóndor centralizado en esta capital.

El fiscal Osorio dijo a La Jornada que se trata en este caso de oficiales que actuaron directamente en sus cargos y su solicitud remarca que Cóndor es una asociación ilícita para secuestrar, torturar, y entregar ilegalmente a las víctimas, en un trasiego donde la mayoría fueron desaparecidos.

Osorio envió su solicitud al juez Norberto Oyarbide, en base a una resolución en la causa Videla Jorge Rafael y otros/ privación ilegal de la libertad personal después de evaluar una serie de elementos probatorios ante lo cuál sostiene que existe el estado de sospecha suficiente para citar al grupo de acusados a declaración indagatoria y solicitar su detención.

Este caso abarca a un importante grupo de militares y varios de ellos que tuvieron cargos específicos en sectores de inteligencia.

Entre los acusados además del general Reynaldo Benito Bignone, quien fue director del Colegio Militar, comandante y jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares durante la dictadura. Figuran nombres que hasta ahora no habían aparecido en las causas; varios coroneles entre ellos Alejandro Agustín Arias Duval, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, provincia de Buenos Aires; Jorge Hawkes ex jefe del Batallón 601; Julián Eduardo Capanegra, jefe del Batallón De Arsenales 111, en estos momentos detenido.

También hay ex tenientes coroneles, entre ellos José Faustino Svencionis, jefe del Regimiento de Infantería Motorizada del área 112 ; Mario Alberto Gónez Arena; Federico Antonio Minicucci que tenían una serie de funciones que abarcó varias zonas y municipios, además de mayores como Omar Andrada y otros.

Están acusados por secuestros y desapariciones en varios de los más importantes casos denunciados en el marco de la operación Cóndor, como Claudio Ernesto Logares y Mónica Grinspon de Logarse, Cristina Magdalena Cerraño Araya, Claudio Epelbaum; Cecilia Susana Trías Hernández, Antonio Maidana, ex dirigente del Partido Comunista de Paraguay y una larga lista donde figuran víctimas de varios países.

Esta resolución tiene detrás una muy larga investigación que ha acumulado cantidades de expedientes y pruebas.

La causa central que fue elevada a juicio oral y está en espera de una fecha y es una de las más complejas por la participación de varios países. Aún se espera quien juzgará a los primeros imputados.

Nuevamente la Cámara de Casación está en la mira, ya que analiza en estos momentos un problema de competencias entre dos tribunales para resolver quién juzga a los primeros 18 imputados en la causa Cóndor, la mayoría con más de 70 años. Es una causa que se elevó a juicio hace veinte meses.

Se destaca en este caso que son todos oficiales superiores del ejército que hace 30 años ocupaban eslabones intermedios de la cadena de mandos y que no están imputados en otras investigaciones judiciales.

Entre los primeros 18 imputados en la causa elevada a juicio en noviembre de 2007 figuran el ex dictador Jorge Rafael Videla, los generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez detenidos y procesados y condenados en otras causas, el general Albano Harguindeguy y otros.

La responsabilidad del juicio recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1. También a fines de 2008 el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a otro grupo de militares, policías y ex agentes de inteligencia por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, el centro clandestino considerado sede de Cóndor en esta capital, cuyo edificio fue entregado recientemente al Instituto Espacio para la Memoria.

Hay una discusión aún sobre como entra Orletti en el laberinto de la causa Cóndor con centenares de expedientes.

En el nuevo pedido de Osorio figuran 64 casos de víctimas de Cóndor y otra característica es que también solicita que la nueva camada de cóndores, también sea indagada por homicidios calificados y es muy clara y precisa en destacar los lazos que unieron a gobiernos, fuerzas armadas, de seguridad y aparatos de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, durante la última dictadura.