Criminalistas de México, España y Colombia manifestaron su preocupación porque la nueva legislación mexicana en materia penal permitirá que los policías se conviertan de facto en peritos en la materia, a pesar de no contar con los conocimientos para ello, por lo que coincidieron en que se debe crear un instituto que certifique a los profesionales de todas las áreas de la investigación criminalística en nuestro país.

Antes de concluir el congreso internacional La criminalística en el sistema penal acusatorio, realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los especialistas, entre ellos el director de la coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Óscar Aguilar, coincidieron en que existe preocupación acerca de la función que realizarán cuerpos policiacos, pues tendrán la facultad de levantar evidencia y no en todos los casos existe preparaciónsobre esa materia.

Señaló que la legislación mexicana también ha tenido un avance importante a partir de diciembre de 2008, ya que ahora se exige que todo aquel que quiera ser perito en cualquier especialidad de la criminalística, tenga por lo menos terminada una licenciatura, y debe pasar un proceso de certificación de conocimientos.

En ese contexto, la maestra María del Carmen Figueroa Navarro, de España, hizo hincapié en el actuar del perito para evitar la producción de pruebas ilícitas, y comentó a los expertos mexicanos asistentes al congreso, que deben documentar correctamente el dictamen a fin de evitar que sea declarado nulo.

A su vez, el español Ángel López Pérez dijo en su ponencia que en el dictamen pericial es importante cuidar el contenido de sus partes, pues deben estar fundamentadas técnica y científicamente y no sólo en aspectos jurídicos.

En el encuentro, la mexicana Ana Pamela Romero habló del delito en el sistema penal acusatorio y resaltó que en la investigación y desarrollo jurídico de un caso es fundamental la ratificación del dictamen pericial y las recomendaciones de los peritos sobre la cadena de custodia, para no producir pruebas ilícitas.