Managua, 23 de julio. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, partió hoy desde Managua en caravana hacia la ciudad nicaragüense de Estelí, cerca de la frontera con Honduras, con la intención de ingresar el fin de semana a su país en un intento por retomar el poder, tras fracasar las negociaciones de mediación del mandatario costarricense Óscar Arias.

El desplazamiento de Zelaya de la capital nicaragüense a la frontera con Honduras, un trayecto 250 kilómetros, ocurre en momentos en que en Honduras las escuelas públicas y algunas instituciones paralizaban su labores este jueves para presionar por su retorno, y miles de sus seguidores tomaban varios puntos de carreteras y se dirigían al poblado fronterizo de Las Manos, en el departamento de El Paraíso, para recibirlo.

Al conocer que Zelaya emprendió ya su desplazamiento, el gobierno golpista de Roberto Micheletti anunció que será arrestado e impuso un toque de queda de 12 horas en la zona fronteriza con Nicaragua por donde ingresaría, que tendrá efecto de las 18:00 hasta las 6:00 horas del viernes. Para el resto del país, dijo, se mantiene la medida en el mismo horario de las 00:00 a las 04:30 horas local.

El coordinador del Bloque Popular y del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, el sindicalista Juan Barahona, informó que se ha decretado un paro general en apoyo a la restitución del mandatario y que miles de hondureños se desplazan a la zona fronteriza con Nicaragua para esperar a Zelaya y acompañarlo a Tegucigalpa, en su intención por retomar el poder.

Nicolás Maduro y Edén Pastora le acompañan

Iniciamos esta gesta para regresar pacíficamente a Honduras. Vamos con una bandera blanca de la paz para proclamar la reconciliación del pueblo hondureño, anunció Zelaya en una conferencia de prensa en Managua poco antes de partir a bordo de un jeep acompañado de su canciller Patricia Rodas, del canciller venezolano, Nicolás Maduro, y del ex comandante sandinista Edén Pastora.

La caravana es integrada también por numerosos vehículos repletos de periodistas de la prensa internacional y dirigentes de organizaciones sociales hondureñas que llegaron a Nicaragua para ayudarlo a cruzar la frontera, en un periplo que inició a las 16:30 hora local para llegar esta misma noche a Estelí, donde pasará la noche antes de continuar el viaje.

Explicó que en Estelí harán los planes para avanzar en la mañana del viernes hacia los municipios fronterizos nicaragüenses de Somoto y Ocotal, y que el sábado por la mañana marcharán hacia la frontera hondureña donde espera reunirse con su esposa Xiomara Castro y sus hijos, ya sea en el puesto de El Espino o Las Manos.

Zelaya, expulsado del mando el 28 de junio, llamó a los integrantes del ejército hondureño a bajar los fusiles para evitar incidentes de violencia cuando se aproxime a su territorio. Aseveró que es el presidente constitucional y que las fuerzas armadas le deben respeto y lealtad.

El mandatario, de 56 años, quien si bien desde la víspera consideró que la vía diplomática llegó a su límite tras la mediación de Arias, dijo que dejaba abierta la puerta para que la comunidad internacional siga buscando la manera de apoyar al pueblo hondureño, que lleva 23 días de lucha pacífica y moderada reclamando su regreso.

Previamente, Zelaya dijo que su ingreso será sin armas y reiteró su llamado de obtener apoyo de la comunidad internacional, del Sistema de Integración Centroamericana, de la OEA y de Naciones Unidas. Además, dijo que si se le quiere juzgar, debería hacerlo un tribunal internacional al que se sometan también los golpistas.

Ante el anuncio de Zelaya de ingresar a su país a cualquier costo, miles de seguidores tomaron este día varios puntos de carreteras en el contexto de un paro general de dos días convocado para apoyarlo, en tanto que policías y militares hondureños comenzaron a bloquear esos avances hacia la frontera.

En reacción, Nicaragua comenzó a tomar medidas de seguridad en su frontera ante la movilización de fuerzas hondureñas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó que el proceso de mediación del presidente costarricense, Óscar Arias, haya fracasado. Instó al régimen hondureños de facto a aceptar el acuerdo propuesto para restablecer el orden constitucional y la conciliación, de modo que se evite la confrontación.

Llamó a los hondureños a la reflexión sobre una propuesta que es viable y equilibrada, y criticó que algunos juegan con los plazos. Sin embargo, advirtió que el organismo a su cargo no reconocerá a un gobierno que surja de elecciones previstas para noviembre, si antes no es restituido el presidente constitucional, y que tampoco se podrán levantar las sanciones.

Por lo demás, Insulza estimó que no es conveniente que el presidente constitucional regrese a Honduras para evitar una confrontación mayor. Dijo entender la situación de Zelaya de querer regresar, pero que la paz debe considerase en estas decisiones y que sería apresurado hacerlo ahora porque aún están a la espera de una respuesta formal del régimen de facto a la propuesta de Arias.

La tensión era estimulada por una ola de rumores, mientras medios afines al gobierno golpista de Roberto Micheletti advertían que el anunciado retorno de Zelaya al país conduciría a desórdenes y violencia. No obstante, voceros del régimen dijeron que esperarían a Zelaya con una orden de arresto por, supuestamente, violar la Constitución con sus aspiraciones de relección.

El fiscal general Luis Rubí afirmó que los delitos del presidente no pueden ser negociados y que la orden de captura se mantiene vigente, y puede ser cumplida por la policía o los militares. El ministro de Defensa, Adolfo Sevilla, confirmó que Zelaya será arrestado si es encontrado en territorio hondureño, pero aseguró serán respetadas su integridad física y sus garantías.

A la par que en Tegucigalpa los maestros se sumaron a otros sindicalistas al parar sus labores en apoyo al regreso del presidente constitucional y fuerzas militares custodiaban los edificios públicos, miles de policías se declararon en huelga para exigir mayor salario al denunciar que desde el golpe han trabajado tiempo extra, en algunos casos para reprimir a los opositores.