Las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado se pronunciaron por el retiro del Ejército de la lucha contra el narcotráfico. Las fuerzas armadas no pueden hacer el trabajo de policías permanentemente, se debe poner ya un plazo para que regresen a sus cuarteles, advirtió el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones.

Igualmente, desde la tribuna de la Comisión Permanente y en nombre de su grupo parlamentario, el senador perredista Graco Ramírez formuló el mismo reclamo y advirtió que no sólo se pone en riesgo al Ejército como institución, sino que crece la militarización en el país.

En entrevista, Beltrones insistió en que el plazo para que las fuerzas armadas dejen de participar en el combate al crimen organizado debe ir acompañado de una decisión firme por crear los nuevos cuerpos policiacos, integrados por elementos honestos, capacitados y dotados del armamento suficiente”.

El Ejército, insistió, deberá entonces regresar a sus tareas de vigilancia de la soberanía nacional, tal como la Constitución lo señala.

Agregó que si Calderón no logra crear las policías tan necesarias, que estuvieron ausentes en el pasado, y si en 2012 el Ejército sigue en las calles, el siguiente gobierno deberá tomar una decisión al respecto.

Por su parte, el senador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu insistió en que se ha colocado al Ejército en una situación difícil, ya que los soldados no están capacitados para ser policías y peligrosamente se genera desprestigio para las fuerzas armadas, que cada vez se ven mayormente involucradas en violaciones de derechos humanos.

Además, en tanto no se definan los plazos para la salida del Ejército, se avanza a la militarización el país, como se evidencia ya en los casos de Michoacán y Sinaloa.

Presentó luego un punto de acuerdo, en nombre de los senadores y diputados del PRD, para demandar a Calderón que respete las formas y procedimientos incluidos en la Ley de General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar que la lucha contra la delincuencia organizada se lleve a cabo en apego a los principios de respeto y coordinación entre las autoridades federales y las estatales.

Se refirió al caso concreto de Michoacán y advirtió que con la decisión del gobierno federal de ignorar al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, en los operativos realizados en la entidad, lo único que se ha conseguido es dejar abiertos grandes espacios de impunidad para los delincuentes.

Reveló que el domingo pasado un grupo de senadores habló con el comandante de la región militar de Michoacán y con otros mandos castrenses, quienes les dijeron que no recibieron instrucción alguna de coordinarse con el gobernador Godoy.