a guerra de Vietnam llegó a su cumbre con bombardeos masivos con B-52, los bombarderos estratégicos más pesados, sobre Hanoi capital y centro industrial de Vietnam del Norte y con 500 mil efectivos de las tres armas en el frente. Aun así, se tuvo que promover al general Westmoreland, comandante de éste, a jefe de Estado Mayor Conjunto y relevarlo por el general Abrahms para sacarlo con honores del frente y aceptar después la derrota. La retirada fue tan patética que los últimos estadunidenses salieron en helicóptero de la azotea de la embajada en Saigón.
Westmoreland había sido nombrado como el comandante que podía poner de rodillas a Vietnam. A su salida se decía que Estados Unidos ganó cada batalla hasta perder la guerra
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El general Calderón no tendrá tanta suerte: ni se puede retirar ni se puede rendir. Lucha una guerra intestina imposible de ganar con la actual estrategia. Enfrenta un enemigo impalpable, inmedible, impronosticable, que harto de dinero ahora quiere el poder. Por eso el gobierno está siempre a la defensiva. Actúa a reacción, nunca ha tenido la iniciativa, y jamás se ha ganado una guerra desde esa posición. La guerra del Presidente está atascada como cuando empezó: es un sonoro fracaso.
La criminalidad estructurada y militarizada penetra sobre la vida y la realidad de comunidades enteras y su actividad ya no se limita a la producción, transporte y venta de narcóticos, sino a una lista de tareas ilegales mucho más extensa: lavado de dinero, venta de resguardo, distorsión de mercados, compra de protección de políticos, militares y policías. Todo ello lleva a la descomposición misma de la sociedad. La inteligencia estadunidense, echando más leña al fuego, ha innovado con el neologismo de narcoinsurgencia, que nos hará mediáticamente tanto daño como cuando importamos el de cárteles.
Las células narcoinsurgentes tienen como su más importante objetivo el control criminal de regiones enteras del país, donde son ellos quienes dictan el quehacer en la vida diaria; llenas sus ambiciones de dinero ahora quieren el poder: el económico y el político. Nadie puede argumentar que en Michoacán y otros muchos estados gobierna el gobierno.
Ser insurgente quiere decir ser sublevado, miembro de una rebelión. Por lo que insurgente es aplicable a cualquier grupo de insurrección contra un gobierno en cualquier parte del mundo. Son los que se han declarado colectivamente contra las autoridades y están en lucha contra ellas: son nuestros narcodelincuentes.
Cuando Felipe Calderón decidió utilizar al Ejército para enfrentar frontalmente a los grupos del narcotráfico, muy pocas voces protestaron por esta determinación. Lo que la sociedad no sabía es que esa decisión no estaba basada en conocimiento. Se ignoraba el potencial del crimen organizado y, para peor, no se conocían las necesidades de inteligencia ni la falta de aptitud del Ejército para este tipo de combate. Resultó que el potencial criminal se minimizó y la capacidad técnica, de inteligencia, de adiestramiento y equipamiento del Ejército resultaron, no simplemente insuficientes, si no inadecuados para una tarea para la cual nunca fueron diseñadas.
Así, en el contexto de la ignorancia respecto de la magnitud de lo que se estaba implicando, tanto sociedad política como sociedad civil, de manera explícita o silenciosa, aplaudieron al Presidente por actuar con todo el peso del Estado contra esa expresión de la ilegalidad. Pronto harán tres años de aquella decisión. Y ahora voces con gran presencia nacional expresan lo que otro día callaron, haciendo más difícil la tarea del gobierno.
Hoy estamos prácticamente en un callejón sin salida que el gobierno sigue anunciando como un modelo de energía, como triunfo. La verdad es que las opciones son pocas, pero habría que empezar por poner orden en casa. Las enemistades e incluso acciones lesivas entre los jefes y subordinados de las fuerzas participantes son increíbles y no se les pone remedio. En un acto sin precedente se anuncia la marginación de la Secretaría de Seguridad Pública de todo esfuerzo operativo por falta de confianza en su lealtad y eficiencia. Detrás de esto, que es una terrible confesión, ¡claro, está Estados Unidos!
¡Entérese! Los 12 policías federales asesinados eran infiltrados que ayudaron a la captura de Arnoldo Rueda, El Minsa. Hecho el arresto pidieron, como se había acordado, ser sacados del lugar en que estaban infiltrados. Nunca lo hizo la autoridad. Resultado: su asesinato y exposición pública. Así, ¿adónde va nuestro Westmoreland moreliano?
