La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió de la Secretaría de Salud (Ssa) una respuesta incompleta al punto de acuerdo que el órgano legislativo aprobó el pasado primero de julio para conocer el destino de los recursos federales transferidos desde el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) a todas las entidades del país con objeto de atender la propagación de enfermedades infecciosas y virus como el A/H1N1.

En aquella fecha, el pleno de la Permanente dio entrada al punto de acuerdo –propuesto por el diputado priísta Roberto Cerezo– para que el secretario de Salud, José Ángel Córdova, informara sobre los subejercicios presupuestales del Indre, destinados a infraestructura, y cómo se han ejercido en el año 2009. También se solicitó a la misma autoridad un informe sobre las trasferencias de los recursos destinados a las entidades federativas para el fortalecimiento y construcción de infraestructura existente en el Fideicomiso de Protección Social en Salud.

Cerezo informó que las autoridades le hicieron llegar, por conducto de la vicepresidencia de la Comisión Permanente, un documento de cuatro cuartillas donde se manifiesta que el ejercicio de los recursos para 2009 está de acuerdo con el calendario financiero autorizado originalmente para el desarrollo de la obra.

En el caso del Fideicomiso de Protección Social en Salud, el gobierno federal acepta que entre los años 2007 y 2008 no se han transferido los recursos autorizados por el Congreso a dicho fondo:

Para que los recursos se transfieran deben estar devengados. Esta situación ha complicado la aplicación de los recursos en los estados. Los estados demuestran poca capacidad de ejercicio, se les dificulta todo el proceso, desde la licitación hasta la comprobación; los recursos autorizados en los años 2005, 2006 y 2007 no tuvieron el requisito de devengado; sin embargo, existen muchos estados que no han podido concluir con la ejecución y comprobación.

En el caso de Campeche, en 2007 se autorizó una trasferencia de 4 millones 43 mil pesos y sólo hizo llegar al gobierno estatal un millón 467 mil pesos. Para Chiapas, se autorizaron el mismo año 51 millones 533 mil pesos para implementar acciones de prevención de enfermedades infecciosas mediante infraestructura, pero sólo llegaron a las arcas de estado 675 mil pesos. A Guanajuato se le autorizaron 23 millones 520 mil pesos, y no se transfirió un solo peso. El caso de Hidalgo, Jalisco y el estado de México fue similar, al canalizarse 20 millones 669 mil pesos, 12 millones 600 mil y 2 millones 310 mil, respectivamente, sin habérseles trasferido ningún peso.

Para Oaxaca se autorizaron 534 millones 673 pesos y no se transfirió cantidad alguna. Puebla corrió con la misma suerte, pues se contemplaba una cifra de 34 millones 803 mil pesos y tampoco recibió nada.

Veracruz tuvo un monto autorizado de 42 millones 346 mil y tampoco recibió recurso alguno.

En 2007 el monto total autorizado de trasferencias fue de 496 millones 818 mil pesos, y los recursos que llegaron a las entidades federativas sumaron tan sólo 184 millones 998 mil pesos. Para el año siguiente la administración federal autorizó mil 302 millones de pesos, mas en su informe no da cuenta de lo ejercido.

La información del año 2009 no fue entregada.