Con el argumento de que el gobierno federal ha recortado las participaciones presupuestales al estado, los ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz anunciaron que despedirán a casi 300 empleados.

Guillermo Moreno Chazarini, síndico de Boca del Río –donde gobierna el panista Miguel Ángel Yunes Márquez–, dijo que las participaciones federales al municipio han disminuido en 30 millones de pesos en meses recientes.

Por ello, se aplicó un programa de reducción de gastos en la mayoría de las áreas, excepto en las direcciones de tránsito y vialidad, protección civil, obras y servicios, y limpia y alumbrado. En el resto de las oficinas se realizará un análisis sobre la productividad del personal, y los primeros en salir serán los que tengan bajo perfil.

En el puerto de Veracruz, el alcalde priísta Jon Rementería precisó que las arcas municipales dejaron de captar 40 millones de pesos de recursos federales, por lo que se despidió a dos o tres decenas de empleados de confianza, desde mandos superiores hasta personal operativo. Sin embargo, la síndica Rosa María Jácome reveló que la medida afectó a por lo menos 100 trabajadores.

Ambos municipios adelantaron que solicitarán al Congreso local contratar préstamos para cubrir los compromisos financieros del segundo semestre. Mientras, el gobierno estatal anunció que se adelantará un fondo de 195 millones de pesos para pagar las nóminas de las alcaldías más afectadas por los recortes.

En Morelos, alrededor de 50 trabajadores despedidos de la alcaldía de Ciudad de Ayala por los recortes presupuestales bloquearon el palacio municipal para exigir su reinstalación o que los liquiden conforme a la ley.

Los empleados señalaron que el 15 de julio el alcalde Juan Nolasco Gómez los invitó a firmar su renuncia voluntaria a cambio de una modesta liquidación; a otros prometió llamarlos en cuanto mejoraran las finanzas del ayuntamiento. El lunes pasado la dirección de finanzas les informó que no había dinero para pagarles.

En tanto, 140 ex trabajadores del municipio de Coatlán del Río y otros 41 de la administración de Tlalquiltenango interpusieron una denuncia por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Alejandro Villareal Gasca, secretario estatal de Planeación y Finanzas, aceptó que falta entregar 56 millones de pesos a los municipios, debido a que la Federación sólo les ha canalizado 46 millones del Fondo de Estabilidad para las Entidades Federativas (en años anteriores otorgaba hasta 110 millones a los 33 municipios). El funcionario estatal aseguró que los presidentes municipales sabían desde el comienzo del año que de reduciría el flujo de recursos federales.