Madrid, 20 de julio. ¿Deben los menores de edad ir a la cárcel? El debate se reabrió en España después de dos violaciones cometidas por jovencitos en menos de un mes.

Tienen edad para hacer barbaridades, pero no para pagar por ellas, se quejan quienes piden endurecer la ley para que casos como éstos no queden impunes.

La última de las dos violaciones la perpetró presuntamente un grupo de siete chicos, todos menores de edad, en la madrugada del sábado. Se llevaron a una joven de 13 años y con discapacidad síquica a una playa de la localidad andaluza de isla Cristina (Huelva), donde abusaron de ella tras amenazarla con ahogarla en el mar si oponía resistencia.

Cinco de los presuntos agresores tienen edades comprendidas entre 14 y 16 años, y los restantes son menores de 14, por lo que no pueden ser imputados. De hecho, mientras los mayores han sido trasladados a un centro de menores, los dos más pequeños permanecen en sus casas. Todos han estado en el mismo sitio y son todos iguales, se quejó hoy la madre de la joven violada.

No podemos continuar con este tipo de legislación, dijo María Dolores de Cospedal, secretaria general del opositor Partido Popular (PP), el cual anunció que en septiembre promoverá una reforma a la Ley del Menor para acotar la impunidad.

En el año 2000 se aprobó esa norma en España. En la actualidad, los condenados de 14 y 15 años son internados en un centro de menores por un periodo máximo de seis años. Cuando se trata de condenados con 16 y 17 años, el tiempo de permanencia se eleva a 10 y un juez puede decidir si son trasladados a una cárcel cuando cumplen la mayoría de edad.

Pero en el caso de que el autor de un crimen sea menor de 14 años, la responsabilidad penal no existe. No son imputables en un proceso y no pagan por el delito.

Hay muchos jóvenes que se están aprovechando de esta circunstancia y son auténticos delincuentes, aseguró el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

En España se recuerda aún el caso de Sandra Palo, una joven de 22 años de la localidad madrileña de Leganés a la que en 2003 mató un grupo de jóvenes. Fue violada, atropellada y quemada. Sólo uno de los agresores era mayor de edad. Y no fue él, sino El Rafita, con 14 años, el que lideró la agresión.

Cuatro años después de ingresar en un centro de menores, El Rafita salió a la calle en libertad vigilada. Los padres de Sandra luchan desde la muerte de su hija por endurecer la Ley del Menor.

En el caso de la otra violación del último mes también hay menores no imputables. La agresión la cometieron seis chicos, uno disminuido mental, y un joven de 22 años. La víctima: una chica de 13 años de la localidad andaluza de Baena (Córdoba).

El Partido Socialista (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a la calma. Tenemos que ser capaces de legislar de forma responsable, no dejándonos llevar por casos concretos, manifestó su secretaria, Leire Pajín.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, también se expresó en ese sentido. La leyes, dijo, imprimen un criterio de generalidad y no se pueden modificar en virtud de unos acontecimientos que, aunque sean absolutamente condenables y deban ser sancionados, no obligan a establecer una nueva norma.