FOTO: Cono Sur

Alternativa de Buen Vivir ofrecimiento de la IV Cumbre Indígena

• Proponen impedir parcelización y contaminación de la tierra
• Prioridad a cultivos nativos y soberanía alimentaria

Unos seis mil 500 representantes de los pueblos originarios de 22 países de América, África, Estados Unidos, Canadá, Círculo Polar y otras partes del mundo se reunieron en Perú, en mayo pasado, durante la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y acordaron “ofrecer una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte” que hoy se expresa en el mundo occidental capitalista con crisis superpuestas: ambiental, cultural, de exclusión social y de hambrunas.

La oferta de los pueblos originarios consiste en modificar radicalmente el modo de vida, por la vía de “recoger nuestras raíces” indígenas, con “principios y prácticas de equilibrio entre los hombres, mujeres, Madre Tierra, espiritualidades, culturas y pueblos”, lo cual se denomina Buen Vivir o Vivir Bien.

En la Declaración de Mama Qota Titikaka, que hace referencia al nombre del lago donde se realizó la cumbre, los participantes hacen un llamado también a una “movilización global en defensa de la Madre Tierra y los pueblos” para el 12-16 de octubre y recuerdan que “una diversidad de miles de civilizaciones con más de 40 mil años de historia fueron invadidas y colonizadas” y los colonizadores “apenas cinco siglos después, nos están llevando al suicidio planetario”.

La declaración considera dentro del concepto de Buen Vivir la defensa de la soberanía alimentaria, y emite un mandato a los gobiernos comunitarios a dar prioridad a los cultivos nativos, el consumo interno y las economías comunitarias.

Otras conclusiones de la cumbre, contenidas en la Declaración de Mama Qota Titikaka, se expresan en varios llamados:

A construir Estados plurinacionales comunitarios, “que se fundamenten en el autogobierno, la libre determinación de los pueblos, la reconstitución de los territorios y naciones originarias. Con sistemas legislativos, judiciales, electorales y políticas públicas interculturales, representación política como pueblos sin mediación de partidos políticos. Luchar por nuevas constituciones en todos aquellos países que aún no reconocen la plurinacionalidad”.

Asimismo, a “reconstituir nuestros territorios ancestrales como fuente de nuestra identidad, espiritualidad, historia y futuro”, y a reconocer los pueblos y territorios somos uno solo. “Rechazar todas las formas de parcelación, privatización, concesión, depredación y contaminación por parte de las industrias extractivas” y exigir la consulta y el consentimiento previo de toda política y norma de desarrollo nacional.

Un exhorto más de la declaración de la cumbre es fortalecer la organización de “ la Minga ”: Movilización global en defensa de la Madre Tierra y de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida (tierras, bosques, agua, mares, agrocombustibles, deuda externa), contaminación (trasnacionales extractivas, instituciones financieras internacionales, transgénicos, pesticidas, consumo tóxico) y criminalización de movimientos indígenas y sociales. También construir un tribunal de justicia climática (como un primer paso hacia una corte internacional sobre delitos ambientales) que juzgue a las trasnacionales y los gobiernos cómplices que depredan la Madre Naturaleza , saquean nuestros bienes naturales y vulneran nuestros derechos.

Otro acuerdo fue un llamado a los indígenas para “que enfrenten la criminalización del ejercicio de nuestros derechos, militarización, bases extranjeras, desplazamientos forzados y genocidios” y realizar una amplia movilización por la amnistía de todos los líderes procesados y encarcelados. E impulsar el juicio internacional a los gobiernos de Colombia, Perú y Chile: “al gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el genocidio de los pueblos indígenas colombianos; al Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista, persecución y judicialización de la demanda mapuche, los crímenes sobre líderes mapuches y la milititarización del wallmapu ; y a Alan García por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro tratados de libre comercio (TLC) para privatizar los territorios indígenas y los más de mil líderes perseguidos y enjuiciados”.

La Declaración destaca la tarea de “movilizar nuestras organizaciones en defensa de la lucha de los pueblos indígenas de la amazonía peruana contra las normas privatizadoras de sus territorios y bienes naturales. Su lucha es la nuestra”. Un planteamiento más es “rechazar los TLC de Estados Unidos, Europa, Canadá, China y otros países, con nuestras economías quebradas”. Los TLC, dicen, son nuevos candados de sometimiento a los pueblos y saqueo de la madre tierra. Los participantes de la cumbre programaron su próximo encuentro para 2011 en Qollasuyu, Bolivia, y de aquí a esa fecha, se impusieron la tarea de “movilizar nuestras organizaciones y movimientos sociales en defensa del proceso de descolonialidad iniciado en Bolivia, rechazar los intentos golpistas, separatistas, racistas y magnicidas de la oligarquía local y el imperio norteamericano. Rechazar los asilos políticos concedidos por el gobierno peruano a los genocidas bolivianos.”

Ecuador

Entre un neo-indigenismo institucional
y la radicalización de demandas anti-sistémicas

Fernando Larrea

A casi dos décadas del levantamiento indígena de 1990 que marcó la irrupción y el protagonismo del movimiento indígena ecuatoriano en el escenario político nacional, la dinámica de las principales organizaciones que lo conforman gira en torno a tendencias que van desde planteamientos neo-indigenistas hasta posiciones de carácter anti-sistémico frente al modelo económico, agrario y cultural vigente en el país. La primera tendencia coloca el eje de sus demandas en la defensa de una institucionalidad indígena estatal construida durante estos años como nexo entre el Estado y las organizaciones, pueblos y nacionalidades; enfatiza la participación de sus representantes en diversas instancias de la administración pública y organismos de desarrollo. La posición anti-sistémica parte de un cuestionamiento al modelo vigente y propugna políticas tendientes a la transformación de las condiciones de dominación y explotación como la re-distribución de tierras y agua (altamente concentradas); la defensa de la biodiversidad y de los territorios indígenas, hoy amenazados por la posible expansión de la minería; y la construcción de políticas agrarias articuladas bajo la soberanía alimentaria y la producción campesina.

Mientras los planteamientos neo-indigenistas apelan a un discurso etnicista en el contexto de la valoración de la diversidad étnico-cultural, el discurso anti-sistémico encontraría una obligada conexión entre las demandas étnicas y clasistas derivadas de la problemática campesina. Estas tendencias conviven al interior de las diversas organizaciones y aunque no son nuevas, desde ambas posiciones se establece el complejo juego de negociaciones y confrontaciones con el gobierno de Rafael Correa.

Las demandas étnicas permearon al Estado ecuatoriano durante estas dos décadas. Los sucesivos gobiernos, incluidos los más neoliberales, articularon políticas neo-indigenistas hacia esta población ofreciendo ciertas concesiones como el reconocimiento de derechos colectivos en el marco legal y constitucional, la creación de entidades estatales y proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas y la incorporación-cooptación activa de dirigentes y representantes indígenas como funcionarios de estas entidades. Estas políticas si bien abrieron nuevos espacios para los indígenas en el campo político, no alteraron sustancialmente sus condiciones de subordinación al proceso de desarrollo capitalista, ni la aplicación de políticas neoliberales en el campo. Más bien tendieron a desmontar progresivamente los elementos contestatarios y anti-sistémicos presentes en los sucesivos levantamientos y movilizaciones indígenas y campesinas.

El movimiento indígena y estas dos tendencias han entrado en diverso grado de confrontación con el actual gobierno de “la revolución ciudadana”. Mientras el neo-indigenismo se siente desplazado en las propuestas de reforma a la institucionalidad indígena por un posicionamiento gubernamental crítico a lo que denomina una presencia corporativa en el Estado, quienes bregan por cambios más profundos chocan con una propuesta neo-desarrollista impulsada por Correa que mantendría intactas la concentración de la propiedad agraria y las dinámicas de acumulación, explotación y despojo del sector agroexportador y propiciaría la extracción minera por empresas en tierras y comunidades indígenas y campesinas.

Aunque las organizaciones indígenas conquistaron importantes avances en la nueva Constitución, como la declaratoria del Estado intercultural y plurinacional, el reconocimiento de una gama de derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades y la inclusión de un articulado en torno a la soberanía alimentaria, estos avances corren el riesgo de diluirse en la legislación secundaria actualmente en discusión (leyes de tierras, agua, biodiversidad, entre otras). El momento actual es crucial para definir hasta dónde es capaz de llegar el gobierno de Correa más allá de la retórica del supuesto “fin de la larga noche neoliberal”. De la capacidad de las organizaciones de articular luchas y propuestas que superen una visión meramente institucional y electoral, dependerá la posibilidad de radicalizar un proceso que hasta el momento no deja de ser ambiguo, para así permitir avances significativos en las conquistas campesinas, indígenas y populares.

Ecuador La constituyente y los derechos de la naturaleza Milton Cáceres Vázquez Por una preciosa e histórica montaña y pueblo, a la nueva Constitución de la República del Ecuador se la está denominando Constitución de Montecristi. El simbolismo de haber elaborado esta nueva Carta Política en esta población tiene relación con la obra reformista de Eloy Alfaro, el presidente asesinado cuya Revolución protagonizada por campesinos del monte a inicios del pasado siglo fue inspirada e inspiradora de los cambios liberales de la época. Pero los viejos tiempos liberales se agotaron cuando los campesinos no sólo reivindicaron mejores jornales, acceso a la tierra sino que, recuperando su identidad cultural de pueblos indígenas ancestrales, han venido paulatina y sostenidamente levantados exigiendo que corresponde ser países con sentido plurinacional. FOTO: Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas En el Ecuador el punto al que se ha llegado es fruto de por lo menos 20 años de lucha en especial de los pueblos y nacionalidades indígenas, proceso al que simbólicamente le dieron el nombre de Levantamiento. Es el logro de un acumulado histórico de paros, tomas; persistente elaboración de un pensamiento animador; trabajo revolucionador de la calidad educativa en el campo; activación de una política de alianzas; leal acompañamiento de sectores sociales urbanos, de testimonio cristiano liberador y de sectores de la izquierda revolucionaria. El movimiento indígena ecuatoriano es parte fundamental del histórico proceso que ha culminado, por este momento, en la elaboración de la Constitución de Montecristi. Una importante constante durante las dos décadas del Levantamiento de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Campesinas y Afrodescendientes en el Ecuador es la obligación de sabernos existencias diversas, cuya pluriculturalidad merecía ser tomada en cuenta y promulgada en un nuevo contenido constitucional. La toma de conciencia de la pluriculturalidad existente y el valioso reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la necesidad de ser Estado plurinacional han marcado todas las acciones y elaboraciones de estos pueblos habiendo llegado a estipularlos en sus sucesivos Mandatos de los Levantamientos y en las propuestas sobre una Constitución. Otra característica del Levantamiento ha sido la denuncia de que las compañías petroleras destruyen el medio ambiente, en particular el selvático amazónico. Ciertamente las luchas indígenas fueron profundizadas no sólo por esta denuncia sino por la exigencia de que se reconozcan y respeten las territorialidades ancestrales de estos pueblos y en especial en la Amazonía Ecuatoriana , territorio estratégico para la supervivencia planetaria de toda forma de vida. En este camino de Levantamiento destaca también la crítica al neoliberalismo por sus secuelas: empobrecimiento masivo de todos y de todo al rebajar la condición humana y al medio ambiente en artículos de mercancía y de consumo, crudísima realidad que tiene directa incidencia en la masiva emigración especialmente de gente del campo hacia Estados Unidos y Europa, y ya no sólo de hacia nuestras ciudades ecuatorianas. Siguiendo la jerga desarrollista, podremos decir que mediante este doloroso proceso de migración se ha hecho del denominado primer mundo un tercer mundo, inutilizando así los parámetros de dividir al orbe en tres calidades para la comprensión y para su tratamiento. Esto, junto con el profundo ecocidio que hacemos, es muy importante porque desautoriza la existencia de los mundos del desarrollo y el subdesarrollo y sitúa al mundo de primera como mundo del hastío y más vulnerable no sólo por su calidad de vida sino por el sinsentido de su valoración ética y espiritual. Desde esta consideración es hora de preguntarnos, en medio de los fenómenos producidos por la radicalización del capitalismo en tanto neoliberalismo, ¿en qué consiste éticamente y de dónde obtiene su autoridad de creer que su noción de Vivir Bien es lo que debemos alcanzar como imaginario y esperanza de calidad de vida? El Buen Vivir. Para los pueblos y culturas andinas el Buen Vivir, dicho en lengua kichwa Ally Kausay , es una calidad de vida que proviene y produce libertad y señorío de sí mismo, una de cuyas manifestaciones es el Don de Dar. Ni el liberalismo ni los Estados de Bienestar han podido plantearse y tener como fin este estado de calidad de vida. Por ello cuando la Constitución de Montecristi establece en su capítulo segundo los derechos del Buen Vivir asesta un golpe muy duro a la consideración desarrollista y al neoliberalismo, aunque no plantea, ni puede hacerlo, el Buen Vivir en el exacto sentido y contenido de la ética andino kichwa. Pronunciado en lengua kichwa, guaraní o mapuche, el Buen Vivir, es un estado integral de calidad de vida que procura un “criar y dejarse criar”, diferente de la consideración política de Estado de Bienestar. ¿Es posible ligarlos?, ¿se pueden complementar? Es muy tierno el proceso actual para responder, pues esto ya no es un asunto de Estado ni de su nueva Constitución sino de la calidad y capacidad de la movilización humana, social, ética de la gente común no sólo como ciudadanos, sino como seres de múltiples identidades. Pero es en el campo de lo que nos relaciona con la naturaleza como espacio de plantas, animales, aguas y tierras, que esta nueva Constitución asume una inusitada calidad. Ya en su preámbulo celebra a la naturaleza a través de una noción esencial de la cultura filosófica kichwa Pacha mama que no es una fiel traducción de Tierra, Madre Tierra o Naturaleza, sino que más bien es un asumir ético espiritual de nuestra filialidad respecto de la maternidad de la unidad Tiempo-Espacio, que asumiendo reciprocidad nos cría, pero que también le criamos. Así, esta Constitución dedica su capítulo séptimo a los Derechos de la Naturaleza. El artículo uno textualmente dice: “ La Naturaleza o Pacha mama, donde reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá pedir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. “Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución , en lo que proceda. “El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para que protejan la Naturaleza , y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.   Cuentan algunas asambleístas que en algunos congéneres en Montecristi se produjo gran conmoción, pues no entendían cómo algo inerte, cosa, objeto totalmente distinto e inferior al ser humano, podría tener derechos. En este suceso se cifra lo que se está produciendo en el Ecuador, pues será posible impedir la minería a cualquier escala, a cielo abierto o cerrado.

Perú

Volvamos al futuro
El papel de los pueblos indígenas en el cambio

FOTO: IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas

Miguel Palacín Quispe

La movilización de los pueblos indígenas amazónicos en el Perú y la brutal represión emprendida contra ellos en junio pasado reveló ante el mundo un movimiento que no es nuevo: lleva más de 500 años, pues inició desde el momento mismo de la invasión europea al Abya Yala, continente hoy conocido con el nombre de América.

Lo reciente –en un contexto histórico de miles de años– es la visibilización del movimiento indígena desde hace alrededor de dos décadas. Una visibilización que emerge porque los pueblos originarios pasaron de la resistencia a la construcción de propuestas.

Naciones preexistentes. El Abya Yala fue cuna de grandes civilizaciones: incas, mayas y aztecas son las más conocidas, pero ellas fueron el resultado de un proceso histórico propio, de miles de años y decenas de naciones, cada cual con su cultura, su ciencia, su lengua, su organización social. Ese proceso fue abruptamente interrumpido hace 517 años. Con la espada y la cruz, fueron segadas miles de vidas. Fue el inicio del saqueo que dio origen a la riqueza de Europa y que no se ha detenido hasta hoy. Pero fue también el inicio de la resistencia.

En el siglo XIX llegaron las guerras de independencia. Los pueblos originarios no tuvieron espacio en ellas, salvo como carne de cañón. Tampoco en las nacientes repúblicas de los criollos, que continuaron colonizados por el pensamiento occidental y colonizando a los pueblos indígenas. Por eso impusieron Estados monoculturales y uninacionales que nada tenían ni tienen que ver con nuestra realidad.

Tiempos “modernos”. En el Perú, el siglo pasado las luchas indígenas se dirigieron a la eliminación de los latifundios. Tomas de tierras estremecieron el país. Y la década de los 60s terminó con la instauración de un régimen militar que decretó la Reforma Agraria.

En 1980, junto con el retorno de la democracia formal, llegó una guerra interna que duraría más de 20 años. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación destaca que el mayor número de víctimas de ese conflicto fueron indígenas (más del 70 por ciento de los casi 70 mil muertos). Encerrados entre dos fuegos, eran asesinados por senderistas, militares y policías.

En 1992, el autogolpe de Alberto Fujimori impuso el neoliberalismo. Promulgó una Constitución hecha a la medida del Consenso de Washington, abriendo las puertas a las inversiones trasnacionales. Las concesiones mineras, petroleras, forestales, se multiplicaron, con mínimos controles ambientales y máximas facilidades tributarias. Invasión de territorios indígenas, depredación de la madre naturaleza, contaminación de ríos, tierras y aires, encontraron justa respuesta de las comunidades. Los conflictos con las empresas extractivas se multiplicaron; en un contexto de crisis de los partidos de izquierda y de las organizaciones sindicales, el movimiento indígena se visibilizó como el nuevo protagonista político.

El Buen Vivir. La visibilización del movimiento indígena va acompañada de un proceso creciente de fortalecimiento y articulación de sus organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Los indígenas comprendimos que frente a un problema global, debíamos dar una respuesta global. Gracias a ello, después de más de 20 años de postergaciones, en el 2007 se adoptó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y está punto de adoptarse en la Organización de los Estados Americanos la Declaración Americana.

En el Perú la caída de Fujimori y el retorno a la democracia formal no significó el cambio de modelo económico. Y un componente sustancial del neoliberalismo son los tratados de libre comercio (TLC). La suscripción de un acuerdo de este tipo con Estados Unidos fue el pretexto del gobierno de Alan García Pérez para expedir un centenar de decretos legislativos que vulneran los derechos indígenas y profundizan el saqueo de los bienes naturales. Junto con ello, se agudiza la criminalización de las protestas, pues en países como los nuestros ésta es la única forma de imponer el neoliberalismo.

El reto del movimiento indígena es construir una agenda que consolide su liderazgo en el conjunto del movimiento social. Es indispensable un Estado plurinacional que termine definitivamente con la imposición y la exclusión.

Coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

FOTO: IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas

¿Por qué la protesta en la amazonía peruana?

Vladimir Pinto

En el marco de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno peruano solicitó facultades extraordinarias al Congreso para emitir normas con rango de ley (mediante decretos legislativos, figura prevista en el artículo 104 de la Constitución del Perú). Estas facultades fueron concedidas en diciembre de 2008 por un período de 180 días.

Ninguna de las materias delegadas permitía legislar sobre los derechos o la propiedad de las comunidades; ello sería contradictorio con el propio texto constitucional, dado que el Congreso no puede delegar en el gobierno central la modificación de derechos fundamentales. Sin embargo, varios de los decretos legislativos versan sobre las formas de trasmisión del territorio comunal, la autonomía comunal, los proyectos de “desarrollo” sobre las propiedades comunales, una nueva política agraria que no incluye a las comunidades y decisiones sobre los recursos naturales sin consultar a las comunidades.

Algunas de las normas que más directamente vulneran los derechos comunales son:

El decreto legislativo 1015 y su modificatoria en el 1073. Ambos ya derogados en agosto del 2008. El primero proponía flexibilizar la disolución de las comunidades campesinas y nativas, disminuyendo el límite de dos tercios del total de miembros inscritos requeridos para disponer del territorio de las comunidades (parcelarlo, alquilarlo, conceder una servidumbre, etcétera). Se establecía que 50 por ciento de los asistentes a una asamblea ordinaria podría decidir sobre el territorio comunal y –ya frente a los reclamos constantes– se aprobó el 1073 que trató de “suavizar” la norma, estableciendo que sería un 50 por ciento del total de inscritos en el padrón. Estos decretos fueron derogados gracias a la primera protesta de los pueblos indígenas amazónicos de más de 14 días (en la provincia norteña de Bagua, región de los pueblos Awajun y Wampis), pero también porque la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad sobre los decretos y diversos sectores sociales y líderes de opinión se manifestaron en contra. Luego de la derogatoria se abrió un proceso de diálogo para revisar los demás decretos que vulneraban derechos indígenas y para avanzar en la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), norma totalmente incumplida en el país, pese a que está vigente desde 1994.

Decreto legislativo 1064. Esta es la norma más agresiva de todas y fue derogada recientemente luego de los trágicos sucesos del cinco de junio. En este decreto se desprotegía por completo a los territorios de las comunidades y se establecían mayores derechos a terceros: asentamientos humanos, centros poblados menores e incluso propietarios particulares, que por el hecho de la previa formalización, podrían imponer su propiedad frente a las comunidades en caso de superponerse con las mismas. Esto implicaba en los hechos un rango de prevalencia jurídica donde las comunidades pasaban a ocupar el último escalón en el ordenamiento jurídico peruano. También esta norma fue materia de una demanda de inconstitucionalidad por la Defensoría del Pueblo. Al igual que en el decreto 1015, nunca hubo pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque se derogó antes de admitirse siquiera a trámite.

Decreto legislativo 1089. Otra norma sumamente polémica. Establece un plazo extraordinario de cuatro años para que Cofopri, entidad designada para regularizar la propiedad urbano marginal de las grandes ciudades, asuma también la “formalización” de los predios rurales en todo el país. Esto implica que revise los títulos rurales y decida sobre su legalidad o no, modificando linderos y títulos e imponiendo sus decisiones sobre cualquier otra inscripción administrativa previa. Este decreto mantiene su vigencia, aunque luego de las protestas de agosto de 2008, el gobierno cedió en algo mediante su reglamento Decreto Supremo 032-2008-AG, el cual señala que las comunidades campesinas y nativas no estarán sujetas a los procesos de reversión de tierras ni corrección de títulos que realice Cofopri. Es decir que sólo se afectaría a los pequeños propietarios rurales que no son indígenas.

De cualquier forma, Cofopri cumple un papel de “promotor” de la disolución de las comunidades. Si bien no es por la fuerza, desarrolla una campaña destinada a convencer a los comuneros a parcelarse y obtener títulos individuales a cambio del acceso a créditos agrarios.

Decreto legislativo 1020; éste aún vigente y ya reglamentado, establece una nueva política agraria, orientada a crear nuevas formas asociativas en el campo, de orientación empresarial (asociaciones de propietarios individuales, que sumen más por lo menos 20 hectáreas ). Esta disposición que fomenta el agro omite por completo a las comunidades, mismas que no están incluidas en ninguna política agraria del Estado peruano, vulnerando directamente el artículo 19 del Convenio 169. Está muy claro que para el modelo neoliberal las comunidades no forman parte del futuro.

Decreto legislativo 994, que promueve la ampliación de los proyectos de irrigación. Establece que todas las tierras improductivas en el campo (llamadas “eriazas” en la legislación nacional) son propiedad del Estado, con excepción de aquellas que cuenten con título de propiedad, sean privadas o comunales. En este caso se atenta contra las comunidades aún no tituladas, o que solicitan la ampliación de sus tierras; la norma dice incluso que serán desalojadas en 72 horas quienes ocupen áreas destinadas a los proyectos de irrigación. Tanto el Convenio 169-OIT, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y fallos del sistema interamericano de derechos humanos como el de Awas Tigni vs Nicaragua, dan cuenta de que los territorios indígenas no se determinan por la formalidad de un título, sino por la ocupación ancestral o el uso que le den dichos pueblos. Esto es absolutamente ignorado por el Estado peruano.

Los intereses en juego. Un tema a considerar es que los territorios comunales en el Perú no son un elemento menor o subsidiario para los grupos de poder económico. De acuerdo con datos oficiales, los territorios de las comunidades nativas titulados suman 10 millones 503 mil 888 hectáreas (incluyendo bosques en “cesión de uso”). Sobre las comunidades campesinas, los datos no son exactos; se sigue apelando al Censo Nacional Agropecuario de 1994, que señala alrededor de 40 por ciento de las tierras con aptitud agropecuaria en manos de las comunidades campesinas, lo que equivale a 14 millones 171 mil 968 hectáreas . El debate sobre el modelo productivo en el campo no puede obviar el tema de las comunidades, no sólo por razones jurídicas, sino porque estamos frente a un sector que maneja –con una serie de limitaciones– gran parte del territorio nacional. En gran medida lo que se está definiendo es la desaparición de un modo de producción alternativo al capitalista (la propiedad comunal) que ha subsistido hasta hoy en la región andina.

Este proceso –frustrado hasta hoy por la lucha indígena– de reversión de los territorios comunales es parte de una política más amplia, destinada a colocar grandes extensiones de áreas agrícolas y bosques en manos de las trasnacionales; el gobierno actual apuesta decididamente por la promoción de los agrocombustibles, se han convertido en empresas privadas las pocas cooperativas agrarias que aún subsistían, e incluso se pretendió (con otro decreto derogado, el 1090) permitir que los bosques amazónicos fueran otorgados como propiedad agrícola a inversionistas privados.

¿Qué justificación se le ha dado a estas normas? El modelo en el Perú ha tocado fondo; somos el país más terco (junto a Colombia) que insiste en sostener políticas que nos llevan al colapso porque imponen los intereses económicos sobre la democracia. Es por esto que el gobierno ha pretendido darle un sustento ideológico y de orientación estratégica a sus acciones contra las comunidades. La mejor muestra de ello son los argumentos de Alan García en su artículo “El síndrome del perro del hortelano” (octubre 2007), ratificados en un artículo de la semana pasada:

“(…) hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecnología es un círculo vicioso de miseria, debemos impulsar la mediana propiedad, la clase media de la agricultura que sabe conseguir recursos, buscar mercados y puede crear trabajo formal.

“Además existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero sólo utilizan agrícolamente diez mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador. “Éste es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano.”

Queda claro que los reales intereses detrás de estos decretos legislativos son desaparecer a las comunidades, porque se considera que tienen demasiada tierra y que ésta es improductiva; desaparecer también al pequeño campesino rural. Se busca desarraigar a la gente del campo, para poner la tierra al servicio de grandes inversionistas (para agrocombustibles y otros proyectos), y otorgar mayores facilidades a las empresas mineras y petroleras. Se considera que los derechos de las comunidades son un obstáculo para estas empresas.