La mortalidad causada por VIH/sida no ha disminuido en el país, a pesar de la cobertura universal y gratuita de medicamentos antirretrovirales para controlar la infección, disponible desde 2004. Cada año fallecen alrededor de 2 mil 500 individuos, cifra que se ha mantenido estable durante un trienio, mientras que en países como Argentina y Brasil, las defunciones se redujeron de manera sustancial una vez que garantizaron a sus pacientes el acceso a las terapias, afirmó José Antonio Izazola Licea, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).

Esta situación se debe, en parte, a la falta de un seguimiento puntual, mediante pruebas de laboratorio, de la eficacia de los medicamentos.

México destina este año mil 9 millones de pesos a la compra de las terapias para alrededor de 32 mil personas que viven con VIH/sida, y como resultado del ahorro que se logró con la negociación que hizo la Secretaría de Salud (Ssa) con los laboratorios para que bajaran los precios de los fármacos, a partir de 2009 el gobierno federal también cubrirá los gastos derivados de las pruebas clínicas, preferentemente en la red de laboratorios del sector público.

Esta ha sido una añeja demanda de las organizaciones civiles que trabajan en la lucha contra el sida, y principalmente de quienes viven con la infección, sin contar conque la realización de los estudios clínicos forma parte de los lineamientos internacionales y nacionales para el control de la enfermedad. En reiteradas ocasiones la Ssa ha reconocido esta necesidad, pero siempre se han impuesto las restricciones económicas.

Izazola anunció que los pacientes se realizarán tres mediciones de carga viral (presencia del VIH en sangre) y conteo de linfocitos CD4 (estado del sistema de defensas) al año, lo que sumado a la atención y vigilancia médica, así como la adherencia a las medicinas, deberá reducir la mortalidad.

En entrevista, el funcionario explicó que el comité técnico del Fondo de Gastos Catastróficos autorizó 228 millones de pesos para este fin. Explicó que a partir de agosto se deberán tener los resultados de las primeras pruebas de laboratorio. Para ello, el Censida ya está en el proceso de firma de convenios con los servicios estatales de salud. Éstos decidirán el servicio de laboratorio que mejor les convenga, siempre que se dé prioridad a la red de laboratorios del sistema nacional de salud; que se garantice la oportunidad y calidad de la prueba, y que los resultados estén listos de tres a cinco días hábiles. Otro criterio es que el precio de los exámenes se encuentre dentro del rango autorizado por el Censida.

Izazola reconoció que la infraestructura pública de laboratorios tiene capacidad para realizar, aproximadamente, las 200 mil pruebas que se requerirán al año para las personas que viven con VIH/sida. Destaca el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, cuyo laboratorio ya realiza alrededor de 20 mil exámenes por año y tiene la capacidad para duplicar el servicio.

Actualmente mantiene convenios con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los estados de México, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal. Además, gracias a las investigaciones que realiza el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas también monitorea la eficacia de los antirretrovirales en pacientes de Jalisco, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Baja California, Nuevo León y Morelos.

Sin embargo, señaló Izazola, por la dificultad que existe en algunas entidades para el traslado de las muestras sanguíneas, tal vez sea necesario contratar algún servicio privado. Mencionó que 12 estados cuentan con laboratorios públicos, que de inmediato, pueden empezar a realizar los exámenes; otros 10 tienen la capacidad para hacerlo, cuentan con el personal, pero falta comprar los reactivos; sin embargo, en ocho más se requiere de una inversión estatal para el equipamiento y la contratación de personal.