San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de julio. Al ser un terreno de lucha especialmente sensible y elocuente para las comunidades y barrios populares, la resistencia a los abusos y la desigualdad en el servicio eléctrico ha resultado fértil para el descontento y la organización, y por tanto es perseguido o manipulado por las autoridades federales y estatales.

El estudio Las experiencias de resistencia civil al no pago de la energía eléctrica del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac, diciembre de 2008) hace eco a lo que sostienen las comunidades en resistencia al pago: Los programas asistenciales de gobierno no son más que migajas del presupuesto federal disfrazadas de beneficios. Promueven la individualización, generan dependencia, desmovilizan y no combaten las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

No sólo eso: su objetivo principal es favorecer la división. Por medio de ellos, los gobiernos federal y estatal buscan deshacer el tejido social. Son usados de forma estratégica, aprovechándose de la pobreza de las comunidades, e intentan deslegitimar el proyecto de autonomía de las bases zapatistas.

Sus efectos en comunidades en resistencia son claros, afirma Ciepac. El programa Oportunidades Energético funciona como mecanismo de presión, haciendo coincidir la entrega bimensual del apoyo financiero con el de luz, algo absurdo frente al hecho de que muchas comunidades indígenas y campesinas llevan más de 10 años en resistencia al pago.

A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promueve la formación de lecturistas comunitarios entre los propios habitantes para forzar los pagos, y condiciona el salario de los lecturistas al pago de recibos, lo que induce división y conflictos.

El condicionamiento de los programas ha tenido como objetivo debilitar la resistencia civil. Las instituciones exigen el pago para entregar programas asistenciales y servicios elementales. Para obtener o renovar una credencial de elector, el Instituto Federal Electoral ha exigido como comprobante de domicilio el último recibo de luz con sello de pago, en ocasiones negándose a recibir cualquier otro comprobante.

La Jornada documentó en la zona norte del estado que antes de los comicios del 5 de julio, los propios partidos políticos retuvieron los recibos pagados de sus electores, hasta pasadas las elecciones.

De acuerdo con Ciepac, que además de documentar las experiencias de resistencia a los pagos de energía eléctrica, ha acompañado a la Red Estatal de Resistencia Civil, el más reciente intento de la CFE y el gobierno de Chiapas para provocar división comunitaria y debilitar el movimiento de resistencia es el programa Luz Solidaria, presentado como el más importante de la historia, un acto de justicia social. Esto coincide con que la entidad registra más usuarios en resistencia al pago.

Para diciembre de 2004 incluía 290 mil 673 personas; en junio de 2008, 427 mil 420. (Es probable que estas cifras oficiales, como las de educación, salud y población, ignoren o subregistren a las comunidades autónomas).

Ante esto, la CFE ha recurrido a los cortes masivos de energía, todo un desmantelamiento (que) arrasa con el cable para evitar que las comunidades vuelvan a conectarse, aunque haya sido comprado e instalado por los mismos habitantes.

En los operativos de corte, la CFE nunca trabaja sola. Se mueve con policías municipales y estatales. En 2008, solamente en comunidades de la Red Estatal se dio en promedio un corte por semana.

Son muchos los movimientos en Chiapas. El Consejo Regional Autónomo de la Costa sostiene una resistencia organizada y razonada en comunidades de Tonalá y Pijijiapan. Otro tanto hace Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica en la zona norte. Ambos movimientos han sido adherentes muy activos de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.