El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) definirá la próxima semana el proyecto para una posible sanción contra el gobernador priísta del estado de México, Enrique Peña Nieto, por presuntos actos proselitistas fuera del marco legal.

Esta es una de las decenas de resoluciones pendientes, derivadas de la pasada campaña electoral, que recaen en la Comisión de Quejas y en la Secretaría Ejecutiva del IFE, así como en su área jurídica, instancias en las que no existe un trabajo coordinado.

La dirección jurídica está desorganizada; su titular (Rosa María Cano) es una persona sin conocimiento en materia comicial, lo que genera falta de coordinación y los reveses del Tribunal Electoral, dijo en entrevista Marco Gómez, presidente de la Comisión de Quejas.

En ese contexto, en el instituto se preparan decenas de proyectos de procedimientos sancionadores, lo mismo ordinarios que especiales, donde predominan las indagatorias respecto a formas de evadir la norma derivada de la reciente reforma constitucional en materia electoral.

El PRD y el PAN han acusado al gobernador Peña Nieto de desatender sus obligaciones y haber hecho proselitismo en favor de los abanderados de su partido, en recorridos por diversas entidades del país, en especial por su participación en los festejos del Día del Padre, visitas a San Luis Potosí, la ceremonia de Mujeres con Valor y en la concentración masiva de la organización Antorcha Campesina.

Las fuerzas políticas opositoras al PRI afirman que el mexiquense hizo proselitismo con uso de recursos de los contribuyendes de la entidad a su cargo.

El consejero Gómez Alcántar precisó que este caso, igual que otros en los que se vuelve a acusar al Partido Verde de violentar el código electoral, serán discutidos la próxima semana.

En los días previos a la jornada comicial, los partidos interpusieron cerca de 90 demandas ante el IFE (entre el último día de campaña y el 5 de julio), cuya resolución está pendiente. Ese número de casos es adicional a una centena de asuntos ya resueltos.

Sin embargo, continúan las diferencias entre la Comisión de Quejas y áreas centrales derivadas de las responsabilidades del presidente del instituto, Leonardo Valdés, en especial la dirección jurídica. Gómez Alcántar aseveró que la sobrecarga de trabajo en el IFE ocurrió antes del 5 de julio.