Ciudad Juárez, Chih., 17 de julio. Los dos agentes del Centro de Inteligencia Policial (Cipol) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) asignados como guardaespaldas de directivos de El Diario de Chihuahua y detenidos el 2 de julio, entregaron sus armas y el permiso para portarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ambos elementos fueron interceptados en un retén y trasladados a instalaciones militares donde –según la versión de El Diario– se les aisló y fueron golpeados e interrogados, por lo cual denunciaron los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) la semana pasada.

En respuesta, el sargento segundo de Infantería Mateo Cortés Rosas y el cabo Jacinto Agustín Hernández, del Quinto Batallón de apoyo a la Operación Conjunta Chihuahua, presentaron ayer otra denuncia contra ambos custodios ante el Ministerio Público Federal.

Los militares acusan a los gentes del Cipol de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tráfico de influencias, ejercicio abusivo e indebido de funciones, coalición de servidores públicos y los que resulten.

Ante la contrademanda, el director de El Diario, Oswaldo Rodríguez Borunda, publicó el miércoles una carta abierta en sus ediciones de Ciudad Juárez, Casas Grandes, Chihuahua y El Paso, Texas, donde dice al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la Quinta Zona Militar, que el incidente ha cobrado, de modo innecesario, un sesgo revanchista e intimidatorio.

Tal manejo, según Rodríguez Borunda, se torna contra la empresa y amenaza la seguridad no sólo de sus funcionarios sino del empresariado chihuahuense que se acogió al esquema de protección facilitado por el Centro de Inteligencia Policial.

Quienes cometieron la irregularidad y actuaron con lujo de fuerza fueron los soldados, pues pasaron por encima de los escoltas que se identificaron y mostraron sus permisos y documentación, indica el empresario periodístico al general Espitia, también coordinador de los operativos conjuntos de Chihuahua y Ciudad Juárez.

Rodríguez Borunda critica el oficio dirigido por el comandante militar al secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos, donde dice que los irregulares y quienes hacían mal uso de las armas eran los dos agentes. Y reclama: Queremos que nos explique para formarnos una opinión certera y ofrecerla con cabalidad a nuestros lectores.

También le pregunta: “¿En qué fallaron los guardias si su situación estaba reglamentada? ¿Dónde podemos observar el mal uso de las armas que usted argumenta? ¿Cuál es la diferencia entre el armamento que se utiliza para proporcionar Seguridad Pública y resguardar a los particulares? ¿No somos seres humanos iguales, ciudadanos como cualquier otro?”.

Y prosigue: ¿Qué va a suceder con los cientos de elementos de la SSPE adscritos como escoltas a empresarios de todo el estado? ¿A todos los va a desarmar y suspender? ¿Usted se va a hacer cargo de proporcionar la seguridad tan indispensable en las circunstancias que vivimos, plagadas de delitos, extorsiones, secuestros, homicidios..?

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos, dijo que tras la detención de los elementos que prestaban sus servicios para el periódico, la Sedena impuso sanción de 200 salarios mínimos a la corporación.

La multa, indicó el funcionario, es por dar seguridad particular a un empresario, y la SSPE acató de manera puntual el desarme de los agentes y el retiro de sus licencias conforme a las disposiciones de la Sedena; aunque no existe una instrucción en cuanto al resto de los industriales o empresarios que día a día requieren este tipo de seguridad.

Valencia indicó que los elementos asignados a la seguridad de empresarios no son guardias personales.