Comuneros de los seis pueblos afectados por la construcción de la presa Picachos –en el sur de Mazatlán, Sinaloa– rechazaron la propuesta de los gobiernos federal y estatal: entregarles casas en 45 días para reubicarse.

El gerente del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (Fihsin), Enrique Gastélum, aseguró que este jueves fue sellado el túnel de desvío del río Presidio, y que a más tardar en cinco días comenzará la inundación de las primeras comunidades.

Los afectados replicaron que las aguas ya empezaron a inundar el pueblo Puerta de San Marcos.

Los comuneros se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, de la coordinación de Proyectos Especiales del gobierno sinaloense, y del Fihsin.

María del Rosario Alpaizco y Octavio Atilano Román, dirigentes de los labriegos, consideraron indignante que los funcionarios les hayan propuesto depositar los restos de sus muertos en funerarias, pues no hay terrenos para sepultarlos.

El gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, sostuvo que el lunes pasado la policía no efectuó un desalojo en la presa Picachos, sino un operativo para permitir el paso de vehículos y maquinaria para cerrar el túnel de desvío.

Vamos poniendo en contexto las cosas. No hubo ningún desalojo. Hay dos líneas muy claras: la presa se empezó a construir con la autorización de todos los comuneros, como consta en las actas legalmente instaladas y validadas de cada una de las asambleas, considerando que la presa es una obra de infraestructura que impulsará el desarrollo del sur y garantizará el abasto de agua potable suficiente y de calidad para el puerto de Mazatlán, afirmó.