Mérida, Yuc., 15 de julio. Con el voto de 24 de los 25 diputados locales, el Congreso de Yucatán elevó hoy a rango constitucional el matrimonio heterosexual y la familia, mediante la aprobación de reformas al Código Civil del estado. De esta manera, se impide el enlace entre personas del mismo sexo y se penaliza el aborto en la entidad siempre que no esté totalmente justificado.

Los 14 legisladores del Revolucionario InstitucionaI, 9 de Acción Nacional y la representante de la coalición Todos Somos Yucatán (integrada por Convergencia y grupos políticos locales) votaron en favor de la iniciativa popular promovida por la Red Pro Yucatán, integrada por grupos conservadores, para rechazar cualquier intento de personas homosexuales de integrar una familia y adoptar niños.

En la modificación al artículo 94 de la Constitución Política de Yucatán y en el apartado correspondiente del Código Civil se estipula que el matrimonio sólo estará conformado por un hombre y una mujer. Además, las mujeres que aborten sin causa justificada (pobreza, tener más de cuatro hijos, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre) podrían ser condenadas a pasar de dos meses a un año en prisión.

El Congreso del estado estuvo prácticamente lleno de personas afines a la citada organización católica, quienes al término de la sesión felicitaron a los diputados. Es un triunfo de la sociedad que quiere preservar los valores familiares, la moral y las buenas costumbres, dijo Ivette Laviada, dirigente de esa organización.

Patricia Gamboa Wong, diputada panista, señaló: En ningún momento se trata de discriminar a personas de otra preferencia sexual, pero todavía no hay condiciones adecuadas en la entidad y en la sociedad yucateca para permitir enlaces entre gente del mismo sexo.

La diputada perredista Bertha Pérez Medina se opuso a la aprobación de la iniciativa popular con el argumento de que no se analizó adecuadamente.

A su vez, líderes de la comunidad lésbico-gay se manifestaron fuera del Congreso local en contra de la reforma impulsada por las organizaciones conservadoras, la calificaron de retrógrada, y advirtieron que llevarán el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.