Al comparecer ante la primera comisión de la Permanente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, adelantó a los senadores y diputados que en la investigación que realiza del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –en que murieron 48 niños–, existen indicios que permiten presumir la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en las violaciones a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica y al desarrollo.

El ombudsman nacional acusó ante los legisladores que la Procuraduría General de la República (PGR) le ha negado el acceso a la averiguación previa, por lo que ha tenido que realizar visitas a Hermosillo para allegarse información y llevar a cabo entrevistas con familiares y médicos.

Sistemáticamente esa dependencia (PGR) nos niega información; otro ejemplo de ello es el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario, en donde no nos permitió ver las investigaciones a pesar de que la ley la obliga a ello.

Al dar cuenta a los legisladores, bajo protesta de decir verdad, del avance de las investigaciones que realiza sobre la guardería, precisó que de la indagatoria en curso se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) violó la normatividad relativa a las bases para la subrogación de servicios de guardería, de esquema vecinal comunitario y la NOM 167-SSA-1997.

También violentó la norma que establece las disposiciones  para la operación del servicio de guarderías del IMSS, así como la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Hemos visto que el Seguro Social ha violado todas estas normas jurídicas, precisó.

En el caso de las autoridades municipales, también tienen responsabilidades por las probables violaciones a los derechos de la seguridad jurídica, a la vida y al trato digno, ya que no tomaron en cuenta las medidas de protección y prevención con respecto a las instalaciones de la guardería.

También se presumen responsabilidades por parte de autoridades estatales de Sonora, debido a que las instalaciones de la bodega rentada por la Secretaría de Hacienda estatal tentativamente no acata la responsabilidad respectiva para fines de su utilización.

Antes, en su primera intervención, se refirió al clima de violencia que hay en el país, al que calificó de desalentador, pues es evidente que ese fenómeno se ha recrudecido.

En ese sentido, advirtió que si el gobierno no replantea su estrategia, la gente podría hacerse justicia por propia mano.

El gobierno debe actuar de manera eficaz y oportuna para impedir que en un acto de desesperación los particulares recurran a formas de autodefensa o justicia por propia mano que diluyan los fundamentos del estado de derecho, alertó.

Hizo notar que todos los días hay derramamiento de sangre , mientras el número de muertos crece y con ello el miedo y la desesperanza social.

Sobertanes Fernández destacó que el despliegue de las fuerzas armadas no ha frenado la violencia y, por el contrario, han aumentado las denuncias de violaciones a los derechos humanos, tras lo cual criticó la legalización del arraigo y los testigos protegidos que aprobaron los legisladores.

Por último, se pronunció en favor de que se revise el fuero militar, pero, dijo a los legisladores, es el Congreso el que debe analizarlo.