n varios estados de la República existe inconformidad con las tarifas eléctricas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pobres urbanos, comunidades rurales, clases medias y agricultores de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Veracruz (por citar algunas entidades) se han organizado para resistir lo que consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que usan. Han hecho huelgas de pago y marchas, ocupado edificios públicos y reinstalado el servicio cuando los trabajadores de la paraestatal se lo desconectan.

Por ejemplo, los tabasqueños tienen un conflicto de varios años con la CFE. El movimiento de no pago empezó allí en 1996. Sus dirigentes aseguran que cerca de 250 mil usuarios siguen en resistencia civil, cuando el padrón de usuarios es de 568 mil. De acuerdo con el gobierno del estado, quienes no pagan la luz son 82 mil.

El problema no es privativo de una zona o colonia. A barrios residenciales y casas de colonias populares llegan recibos con montos de 8 mil y 10 mil pesos. Los negocios más modestos pueden recibir una factura de 40 mil pesos. El acuerdo solidario compensatorio (ASC), firmado en octubre de 2007 entre los gobiernos federal y estatal, según el cual bajarían las tarifas eléctricas en la entidad y se condonarían los adeudos a usuarios morosos, definitivamente no resolvió el conflicto.

La presión social ha provocado conductas políticas inusitadas. En septiembre de 2008, la diputada del Partido Acción Nacional Dolores de María Manuell Gómez realizó una breve huelga de hambre en protesta por las altas tarifas de luz en Sonora y Baja California. Dijo que en algunos casos éstas representan entre 70 y 100 por ciento de los salarios de los trabajadores. Aseguró que suspendería su ayuno cuando la CFE reconociera su error en la lectura de los kilovatios y se restructuraran las tarifas para evitar el manipuleo en los precios del servicio. El ayuno terminó siendo una parodia.

El último eslabón de esta cadena de inconformidad aconteció en Candelaria, Campeche. El pasado 9 de julio fueron detenidos allí, sin orden de aprehensión, cinco integrantes del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica. Elementos policiacos derribaron las puertas de sus casas, encañonaron a sus familiares y golpearon a los activistas. Cuatro de ellos son acusados de cometer delitos federales, entre los que figuran: robo a la riqueza de la nación, impedimento para la realización de un servicio público y privación ilegal de la libertad de un funcionario público. Sus compañeros aseguran que éstos fueron fabricados por la autoridad como un medio de presión política.

El pasado 30 de junio los miembros del movimiento hicieron pública su decisión de no permitir la instalación de casillas electorales en la jornada electoral del 5 de julio, como forma de protesta en contra de las demandas legales que la CFE interpuso contra varios de sus compañeros.

En diversas ocasiones, los inconformes se habían reunido con la paraestatal y el gobierno del estado para buscar una salida jurídica a las demandas. El 4 de julio el movimiento acordó con las autoridades locales encontrarse para buscar una salida al conflicto y se comprometió a no realizar ninguna acción que pudiera redundar en el normal desarrollo de la jornada comicial.

El movimiento está integrado por comunidades, rancherías y ejidos de Candelaria, municipio de 37 mil habitantes, con altas tasas de analfabetismo y pobreza. Es integrante de la otra campaña. Se fundó en agosto de 2006 en respuesta a las altas tarifas del fluido eléctrico y al deficiente servicio. Demanda una tarifa justa, adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región.

En un primer momento el movimiento quiso negociar con la CFE una tarifa justa. Los funcionarios incumplieron los acuerdos y violentaron las pláticas. Sus integrantes se capacitaron para reparar y mantener el sistema eléctrico funcionando. La paraestatal respondió instrumentando cortes masivos de electricidad en la cabecera municipal y diversas comunidades. Los pobladores se defendieron. Más adelante aquélla presentó cargos penales contra varios de los voceros de la resistencia.

Como documentan Iris Cacho Niño y Antoine Libert Amico, el movimiento campechano explicó en el encuentro Agua, Energía y Alternativas Energéticas, por conducto de Sara López, las razones de su lucha. “Estamos en resistencia –dijo– por el mal servicio que da la CFE a nuestros pueblos. También estamos en resistencia porque las tarifas son injustas e impagables, con un salario mínimo de 49 pesos... El servicio eléctrico es del pueblo, no de los legisladores ni del gobierno. No pagar las tarifas injustas no es un fraude a la nación. El gobierno nunca nos ha consultado sobre las tarifas... No nos estamos negando al pago, pero hasta no tener una tarifa justa, tome los años que tome, no vamos a pagar...”

Varios gobiernos estatales y la administración de Felipe Calderón han respondido al descontento social hacia las tarifas eléctricas echando a caminar programas que conceden moratorias a las deudas y otorgan subsidios. El gobernante federal creó Oportunidades Energético, mediante el cual se entregan 50 pesos adicionales para el pago de la luz a las familias que forman parte del padrón de Oportunidades. Para muchos de los beneficiarios el importe representa apenas la cuarta parte de su gasto en electricidad. El gobierno condiciona la entrega de los recursos de Oportunidades a que las mujeres que lo reciben muestren el recibo de luz pagado.

A pesar de ello, las expresiones de malestar con las tarifas eléctricas no cesan. El encuentro y la coordinación nacional de los movimientos en resistencia a favor del no pago crecen. Su alianza con los afectados por la minería a cielo abierto, la construcción de grandes presas y los damnificados ambientales muestra cómo al México de abajo se le prendió el foco. Un nuevo sujeto social ha comenzado a irrumpir en el escenario político.