a organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió ayer a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que el gobierno de la nación vecina del norte no certifique que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos asentados en la Iniciativa Mérida, toda vez que las autoridades mexicanas no han cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses: violaciones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias, que quedan en la impunidad.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, señaló la necesidad de replantearse la estrategia de seguridad pública, porque hay algo que evidentemente no está funcionando, y advirtió la pertinencia de revisar el fuero militar, el cual impide que los soldados que cometen abusos sean juzgados en tribunales civiles, y dificulta, por tanto, el acceso a la justicia para las víctimas de estos atropellos.

Los señalamientos referidos ponen en perspectiva la improcedencia que encierra el despliegue de militares en tareas de seguridad pública. Dicha medida –parte toral de la estrategia antinarco del gobierno que encabeza Felipe Calderón Hinojosa– no sólo no ha tenido un impacto favorable en términos de la restitución del orden en las franjas del territorio nacional controladas por el narcotráfico, ni ha disminuido la violencia y la inseguridad que recorren el país –como demuestra el hallazgo de 12 cadáveres en Michoacán o los ataques perpetrados el pasado fin de semana en contra de bases de la Policía Federal en distintas entidades del país, por mencionar sólo dos de los ejemplos más recientes–, sino que además se ha vuelto un factor de amenaza para la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho, como lo prueban decenas de denuncias y casos documentados de abusos cometidos por efectivos castrenses. Tal circunstancia ha derivado en expresiones de legítima molestia y descontento por parte de la población, y ha expuesto a las fuerzas armadas a la animadversión ciudadana y a la crítica internacional, como queda claro a la luz de los señalamientos de HRW.

Por añadidura, y como lo señalaron en su momento diversas organizaciones sociales, el empleo del Ejército en tareas que corresponden a las instituciones civiles de seguridad expone a esa institución ante el poder de infiltración de las organizaciones delictivas: si éstas han demostrado una amplia capacidad para corromper a altos mandos de las corporaciones policiacas, no resulta descabellado suponer que otro tanto podrían hacer con las fuerzas castrenses, y esto último abre una perspectiva por demás indeseable para una institución en la que descansa, cabe recordarlo, la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial.

Estas consideraciones tendrían que obligar a la administración actual a emprender un cambio –necesario desde hace meses– en su actual estrategia de seguridad pública y de combate al narcotráfico: el desplazamiento de soldados por el territorio nacional es una acción inadecuada para combatir ésa y otras expresiones del crimen organizado, toda vez que deriva, al contrario de lo esperado, en un círculo reproductor de la violencia, constituye una amenaza para los derechos humanos y lesiona a la propia institución castrense al exponerla de manera preocupante al poder corruptor de las organizaciones delictivas.