Por su sobrecupo y alto índice de violencia este año se concesionarán al sector privado 11 de las 18 cárceles de Guerrero, informó Ángel García García, subsecretario de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil estatal.

En conferencia de prensa señaló que en los municipios de Copala y Pungarabato se construirán dos nuevos penales con capacidad para mil reos cada uno. Al primero se trasladarán los reclusos de los penales de Ometepec, San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres, y el otro –en Ciudad Altamirano– concentrará los de Teloloapan, Arcelia y Coyuca de Catalán.

Las viejas prisiones dejarán de funcionar y las nuevas pasarán a control privado, junto con las de Taxco, Iguala, Tlapa, La Unión, Zihuatanejo, Tecpan y Chilpancingo; así como la femenil, a construir en la propia capital estatal, que concentrará las reclusas de toda la entidad. La de Acapulco será otra cárcel concesionada, y se le añadirá un segundo piso pues tiene capacidad para mil 854 reos y existen 2 mil 113.

Además, casi una veintena de presos del penal acapulqueño considerados muy peligrosos –entre ellos narcotraficantes y secuestradores– en breve serán trasladados a centros carcelarios de alta seguridad en otros puntos del país. Otros 29 irán a las Islas Marías, y durante el año se les unirán 170 más, para despresurizar todas las prisiones del estado.

El funcionario también dio a conocer que hoy fueron alternados los directores de todos los Centros de Readaptación Social guerrerenses según la normatividad. En el curso de la semana iniciarán operación los sistemas inhibidores de telefonía celular en los de Acapulco, La Unión, Iguala, Tlapa y Chilpancingo, para inhibir el delito de extorsión.

García García también indicó que fue cerrada la prisión de Huamuxtitlán, en La Montaña, y sus 22 internos (la mayoría indígenas) ya fueron trasladados a la del municipio de Tlapa, pues la edificación de adobe, y con medio siglo de funcionamiento, era frágil y podía venirse abajo, según dictaminaron autoridades de protección civil.

Exhorto de la CEDH- Sinaloa

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al ayuntamiento de El Fuerte por malos tratos, falta de alimentos y condiciones antihigiénicas en perjuicio de los presos de la cárcel municipal.

La CEDH recordó que en abril pasado los reos inconformes irrumpieron en el techo del penal y quemaron objetos en protesta porque durante tres días no les dieron alimentos y las autoridades toleraban la proliferación de cucarachas, lo que dio lugar a una investigación, y tras comprobarse los hechos la instancia humanitaria reconvino a las autoridades responsables.

Es obligación del Estado garantizar una estancia digna y segura en prisión para la adecuada reinserción social de los internos, expuso la CEDH. Recomendó acciones inmediatas para que la citada cárcel sea un espacio higiénico, decoroso y salubre donde se respete la dignidad humana.