Agentes de las policías Federal y Estatal Preventiva de Sinaloa desalojaron este lunes a unos 200 pobladores que se oponen a la construcción de la presa Picachos, en los límites de los municipios de Concordia y Mazatlán, quienes desde enero mantenían un plantón para evitar que se colocaran las compuertas que cerrarán el túnel de desvío del río Presidio, y en protesta porque no se les ha indemnizado ni se les han entregado las viviendas que el gobierno de Sinaloa les prometió.

Los uniformados detuvieron a seis inconformes y los llevaron a las instalaciones de la policía ministerial en Mazatlán.

Alrededor de 400 elementos ministeriales y federales arribaron a la presa por la mañana, encabezados por el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Fortino Bórquez, quien dijo a los comuneros –vecinos de seis pueblos que serán inundados por la presa Picachos– ser representante del gobierno de Sinaloa, y los invitó a dialogar.

Los comuneros, vecinos de las comunidades San Marcos, Puerta de San Marcos, Las Iguanas, Casas Viejas, El Placer y Los Copales, dijeron estar protegidos por el amparo 709/2009, concedido contra acciones de los gobiernos federal y estatal.

A las 17 horas, los uniformados arremetieron a golpes y con gases lacrimógenos contra los manifestantes, que estaban en terrenos que aún son de su propiedad.

Con una grúa, los uniformados quitaron los vehículos con que los vecinos habían cerrado el paso. Una persona que intentó defender a una mujer embarazada que era agredida por los agentes resultó con una pierna fracturada; decenas de niños sufrieron crisis nerviosas y lesiones en los ojos por los gases lacrimógenos.

Los policías derribaron las casas que ocupaban los activistas desde el 6 de enero para vigilar el túnel y destruyeron una cuatrimoto y otras pertenencias.

Según fuentes del gobierno de Sinaloa, no hubo desalojo, sino que los agentes tuvieron que enfrentarse a los manifestantes porque supuestamente éstos intentaron impedir que los policías cuidaran máquinas utilizadas para trabajos en el embalse. Los mismos informantes señalaron que hubo seis detenidos, pero todos fueron dejados en libertad, y negaron que hubiera lesionados.

María Alapizco, una de las dirigentes de los comuneros, calificó de inconcebible que el gobierno estatal incumpla sus promesas y, junto con autoridades federales, los desaloje de terrenos que son suyos, porque no han sido expropiados.

Añadió que ella y sus compañeros saben que el río Presidio, cuyas aguas alimentarán la presa Picachos está crecido y los pueblos se iban a inundar, pero el gobierno se ha negado en siete ocasiones a cumplir los acuerdos con comuneros y otros habitantes de la región.

En total, 256 comuneros no han recibido indemnizaciones, y de 400 casas que se les prometieron apenas les han entregado 200, de mala calidad, sin servicios públicos, inconclusas y con filtraciones y cuarteaduras.

Los desalojados anunciaron que emprenderán nuevas medidas de presión. Por lo pronto, iniciaron un plantón frente a las oficinas del Fondo de Infraestructura Hidraúlica, ubicadas en Mazatlán.