Es necesario aclarar dónde quedaron los 10 millones de pesos que destinó la delegación Miguel Hidalgo para la construcción del deprimido de Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, que fue clausurado por la administración capitalina, exigió el diputado local electo por el distrito 10, Víctor Hugo Romo Guerra.

Señaló que hasta la fecha la ex delegada Gabriela Cuevas no ha informado el destino final de los recursos y la situación del dinero que entregó a la empresa constructora para la realización de esta obra vial, que se encuentra suspendida por violar normas ambientales y de protección civil.

Romo refirió que hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un fallo en favor del Gobierno del Distrito Federal en el que declara que la Secretaría de Protección Civil, que suspendió las obras en febrero de 2009, tiene todas las atribuciones para clausurar aquellas obras que pongan en riesgo la vida de los capitalinos.

La controversia constitucional fue presentada por Gabriela Cuevas –quien acaba de ser electa diputada federal por el distrito 10– con el argumento de que la dependencia capitalina no contaba con las atribuciones necesarias para clausurar el paso a desnivel.

En su momento, dijo Víctor Hugo Romo, la ex funcionaria alegó que sólo las delegaciones políticas tenían las facultades para imponer ese tipo de sanciones, cuando no es así, y la SCJN lo demostró con su fallo.

El 20 de febrero de 2009 la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal suspendió los trabajos del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, por considerar que se trataba de una obra de alto riesgo para los vecinos de la zona.

Los trabajos, que se realizarían muy cerca del Liceo Franco Mexicano, estaban proyectados sobre ductos de Petróleos Mexicanos y gas natural, así como de líneas de alto voltaje y de fibra óptica, que ponían en riesgo a los vecinos.

Ese día, la dependencia notificó, ante el notario público número 82, a la delegación Miguel Hidalgo de la suspensión de trabajos y actividades de la obra como medida para salvaguardar la vida, el patrimonio y el entorno de los habitantes de la ciudad de México y en particular de los vecinos de la colonia Polanco.

Con el fallo de la SCJN, enfatizó Romo, es indispensable que se transparente el destino de los recursos, que se aclare si serán devueltos a las arcas delegacionales, y además, si se realizarán estudios de impacto en la zona para evitar alguna tragedia.