as gestiones de la comunidad internacional por restituir el orden constitucional en Honduras –suspendido desde el pasado 28 de junio a consecuencia de un golpe de Estado– parecen haber entrado, en el fin de semana recién concluido, en un impasse que no favorece más que a las fuerzas participantes en la asonada oligárquico-militar.

Tras los infructuosos intentos de la Organización de Estados Americanos por lograr el regreso de Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras –que concluyeron con la expulsión del organismo continental de ese país–, la tarea de gestionar fue asumida por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien convocó a un diálogo entre el gobierno constitucional de Zelaya y el régimen espurio que encabeza Roberto Micheletti, cuya primera etapa concluyó el pasado viernes con nulos acuerdos, como era de esperarse, habida cuenta de la intransigencia de los golpistas hondureños.

Por añadidura, las admirables expresiones de resistencia popular que han venido desarrollándose en las últimas dos semanas en las calles de Honduras continúan sufriendo los estragos de la profunda desigualdad de fuerzas con que han enfrentado la brutalidad represiva del ejército y la policía hondureños.

Con este telón de fondo, las autoridades golpistas han anunciado la suspensión del toque de queda instaurado desde el pasado 28 de junio en el país centroamericano –pues dicen haber alcanzado los objetivos de esta disposición, y haber devuelto la calma a la población–, medida que obedece a un intento por proyectar –con el apoyo de los medios de comunicación de ese país, casi en su totalidad al servicio de la oligarquía– una señal de sosiego y estabilidad del todo inverosímil: la represión en contra de las manifestaciones disidentes continúa y amenaza con extenderse, además, hacia los contados sectores nacionales e internacionales de prensa independiente, como lo demuestra la injustificada detención –el pasado sábado– de periodistas venezolanos. En resumen, más que buscar una salida concertada a la crisis política por la que atraviesa Honduras, el gobierno de facto busca ganar tiempo para consolidar su aventura ilegal y antidemocrática, acallar en su totalidad las expresiones de inconformidad y arribar, en noviembre próximo, a la realización de unas elecciones presidenciales a modo, que estarían descalificadas e ilegitimadas de antemano.

Ante este panorama, resulta pertinente y necesario insistir en la importancia de que la comunidad internacional profundice las medidas de presión político-diplomáticas, institucionales y económicas en contra del régimen cuartelario hondureño. La continuidad de tales acciones cobra especial relevancia si se toma en cuenta que, en la circunstancia presente, la comunidad internacional no cuenta con muchas alternativas para lograr la restitución de la legalidad en la infortunada nación centroamericana: las opciones restantes serían el envío de una fuerza militar internacional que desaloje a las autoridades golpistas, o bien la aceptación, así sea a regañadientes, del gobierno impuesto por la vía militar, y ambos escenarios resultan del todo indeseables.

Sin embargo, la acción internacional ha acusado hasta ahora insuficiencia, descoordinación e incluso ha estado marcada por despropósitos inadmisibles. Entre estos últimos, destaca el hecho de que Óscar Arias haya otorgado el mismo trato –como él mismo había anunciado desde el jueves pasado– a Manuel Zelaya y a Roberto Micheletti durante el diálogo del fin de semana: con ello, el mandatario costarricense equiparó a un presidente democráticamente electo con un usurpador, al tiempo que envió –así haya sido de manera involuntaria– un mensaje implícito de aliento por demás equívoco y alarmante para quienes en otras naciones decidan emular a los oligarcas hondureños.

En la hora presente, es de suma trascendencia que continúen las gestiones diplomáticas de la comunidad internacional para superar una crisis que ha tenido ya un enorme costo político y social para el pueblo hondureño. Pero es igualmente importante que los gobiernos de todo el mundo tengan presente que la salida de esa problemática pasa necesariamente por la conclusión de la intentona golpista, la plena restitución del estado de derecho en Honduras y el retorno de Zelaya al cargo presidencial, y que en ello no hay punto de negociación posible.