Tulum, QR, 12 de julio. Las más de 10 mil hectáreas del ejido José María Pino Suárez, en este municipio, han sido objeto de disputas durante 36 años, sin que se haya definido su situación jurídica. Quienes lo fundaron ya no están; de los actuales ejidatarios no hay rastro. Pequeños hoteleros que compraron derechos dominan la franja costera, pero su posesión es ilusoria.

La región selvática del ejido es abundante en recursos maderables y lagunas. Hay cenotes, pantanos donde habita gran variedad de aves, cocodrilos y mamíferos. La asamblea de pobladores busca que las autoridades agrarias les reconozcan legalmente esta superficie, que abarca costas de arenas blancas y aguas azul turquesa.

Están en litigio los terrenos conocidos como Punta Piedra, enclavados entre la zona arqueológica de Tulum y la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, de gran riqueza natural, promisoria plusvalía y potencial turístico.

El ejido José María Pino Suárez tiene una extensión de 10 mil 409 hectáreas, 73 áreas y 33 centiáreas, según el decreto firmado en 1973 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y el titular del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (hoy Secretaría de la Reforma Agraria, SRA), Augusto Gómez Villanueva.

La extensión fue confirmada en la resolución del magistrado Juan José Pérez Palma, del Tribunal Unitario Agrario del distrito 44, el 17 de octubre de 2008. Una franja de pantanos y playa se interponía entre el mar y los 47 ejidatarios llegados de Tenosique, Tabasco, y es la misma que hoy ocupan quienes compraron los derechos de posesión.

El número de ejidatarios supuestamente encabezados por Antonino Almazán Arteaga y Alfonso El Mosco Pereira ha aumentado de 47 a 56. Unos identifican como delegado ejidal a Leonel Gómez y otros a Jorge Méndez como presidente del comisariado, aunque todos exigen que se valide un plano de mayor superficie que trazaron hace años y registraron ante la autoridad sin objeción alguna.

El Tribunal Unitario Agrario rechaza la ampliación de límites que plantean los ejidatarios y ordenó entregar certificados parcelarios conforme al decreto de 1973. Esta resolución judicial no se cumplió, pero sí han renunciado varios funcionarios del RAN, incluido el director general.

Cuando Juan Carlos Pallares Bueno dejó la delegación del RAN en Quintana Roo acusó al director en jefe de la dependencia, Armando Rangel Hernández, y al director de asuntos jurídicos, Carlos Rojas Vértiz Maldonado, de buscar adueñarse de la franja costera y presionarlo para que interpusiera una demanda de amparo, pero se negó –según dijo a La Jornada– porque no podía prohijar un acto de corrupción contra los campesinos.

El 24 de junio se dio a conocer que el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, designó dos días antes a Vértiz Maldonado encargado de despacho del RAN, y siete días después esta última dependencia hizo precisiones sobre la situación del ejido José María Pino Suárez.

En un comunicado, señala: Armando Rangel Hernández presentó su renuncia al cargo de director en jefe del Registro Agrario Nacional (efectiva desde el 22 de junio de 2009) por razones estrictamente de carácter personal, ajenas al caso del ejido José María Pino Suárez. Mientras, Rojas Vértiz Maldonado, director general de asuntos jurídicos, asumió como encargado del despacho en la misma fecha.

El mismo boletín afirma que en diciembre de 2006 el núcleo agrario celebró una asamblea para parcelar las tierras que originalmente había identificado como de uso común, y a efecto de lograr la expedición de certificados parcelarios pidió a la delegación del RAN en Quintana Roo inscribir el acta correspondiente.

Pero el documento emanado de la asamblea presentaba diversas irregularidades, entre otras que el ejido pretendía parcelar tierras con características de selva tropical, acción prohibida por el artículo 59 de la Ley Agraria; además, en los planos ejidales se incluyeron terrenos nacionales titulados con anterioridad, por lo que el RAN se negó a inscribirla.

En sus alegatos ante el Tribunal Unitario Agrario el RAN insiste en un dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que reconoce las tierras en disputa como selva tropical. Eso llevó a iniciar otro juicio por los terrenos parcelados en 1973, mientras el decreto presidencial fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo el 19 de noviembre de 1974.

Rogelio Hernández Carrillo, director general de la Tenencia de la Tierra, estampó su firma y el sello de la SRA en el expediente de ejecución el 30 de abril de 1993, en cumplimiento del fallo presidencial, cuando los problemas llevaban varios años, los límites seguían indefinidos, las tierras cambiaban de posesionarios y se veía venir una serie de disputas legales.

Los ejidatarios de escasos recursos entregaron los terrenos de playa que creían suyos a empresarios que construyeron decenas de cabañas y hoteles, algunos ecológicos, entre ellos Noch Tunich, Ana y José, Jade, Puerta del Cielo, Playa Azul, Los Lirios, Esmeralda, El Caracol, Azúcar, Ak’iin y Samasati

Pero hubo corruptelas y maniobras para lograr la venta irregular de parcelas, no sólo en el ejido Pino Suárez, sino en buena parte de Tulum; por ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las autoridades ambientales están en disputa con quienes se asentaron en este parque nacional.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Jorge Portilla Manica, dice conocer la zona y haber tenido acceso a los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo cual le permite sostener que los terrenos entregados por los ejidatarios no llegan al mar.

Explica que la franja de 50 hectáreas de costa que va del hotel Maya Tulum (antes Boixo) hasta el predio San Erick es propiedad de la nación. Ello hace indefendible la posición de los propietarios de pequeños hoteles, que curiosamente –dice Portilla Manica– no están afiliados a su asociación.