El presidente Felipe Calderón reiteró que no existen las condiciones necesarias para consentir el traslado de Florence Cassez a alguna prisión en Francia, luego que su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, volvió a solicitar la transferencia, al pedir que México cumpla la Convención de Estrasburgo en este caso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó anoche que el pasado jueves, Calderón se reunió con Sarkozy en el marco de la Cumbre del G-8, que se efectuó en L’Aquila, Italia, y que en dicho encuentro ratificó su decisión de no trasladar a la ciudadana francesa, condenada a 60 años de cárcel por secuestro, pues no existen las condiciones para que termine de compurgar su sentencia en los términos fijados por los tribunales mexicanos, debido a las diferencias que existen con la legislación francesa.

La cancillería resaltó que la decisión de mantener a Cassez en México tiene pleno sustento en el convenio de Estrasburgo, el cual incluye, entre los requisitos para una transferencia, el consentimiento previo del Estado requerido. En este sentido, puntualizó que el convenio de ninguna manera impone la obligación de consentir una solicitud de traslado.

En un comunicado, resaltó que la decisión del gobierno mexicano encuentra fundamento en el propio acuerdo internacional y está motivada por la gravedad del caso y el compromiso de hacer cumplir plenamente las resoluciones de los tribunales nacionales. El dolor de las víctimas y de sus familiares es un motivo adicional para reafirmar estas convicciones, añadió.

Por su lado, Sarkozy insistió en la transferencia de su connacional para que cumpla su condena en una cárcel de Francia, luego de señalar que está dispuesto a dar garantías a las autoridades mexicanas, sin precisar cuáles.

Reconoció los problemas que existen en la materia y que se evidenciaron en la entrevista que tuvo con el jefe del Estado mexicano en la cumbre de L’Aquila.

El presidente Calderón me ha indicado que la pena de 60 años de cárcel no existe en Francia y es exacto, pero no es razón para que Cassez, que recibió esa condena, no pueda ir a una cárcel francesa, en virtud de la Convención de Estrasburgo, suscrita por los dos países, argumentó el presidente europeo.

Insistió en que México es una gran democracia y tiene que cumplir sus obligaciones derivadas de esa convención sobre el traslado de nacionales que cumplen penas de cárcel.

En marzo pasado, durante su visita a México, Sarkozy pidió a Calderón el traslado de Cassez, por lo cual se integró una comisión binacional para examinar la posibilidad de aplicar la Convención de Estrasburgo.

Luego de varias semanas de análisis, la parte mexicana determinó que no procedía la repatriación, debido a que no existían garantías de que la francesa cumpliera en su país la condena de 60 años, en virtud de que la pena máxima prevista en la legislación gala es de 30 años. El propio Calderón anunció la determinación unos días antes de las elecciones federales intermedias.