Cinco activistas contra las altas tarifas de energía eléctrica, adherentes de la otra campaña del EZLN, fueron detenidos la mañana de este viernes en Candelaria, Campeche, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Dos mujeres (Sara López González y Guadalupe Lizcano) y tres hombres (Joaquín Agui- lar Méndez, Élmer Castellanos Contreras y Guadalupe Borja), fueron aprehendidos a golpes esta madrugada por elementos policiacos que derribaron las puertas de sus casas, encañonaron a sus familiares, y se los llevaron, según denunció el Movimento de Cultura Popular AC desde Mérida, Yucatán.

Los detenidos son activistas del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. A excepción de Élmer Castellanos, todos se encuentran en proceso jurídico desde noviembre, a raíz de denuncias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su contra, fabricándoles varios delitos como medida de presión política.

En repetidas ocasiones solicitaron al gobierno de Campeche pronunciarse al respecto, y éste se excusaba, con el argumento de que no le correspondía meterse en asuntos de competencia federal. El 30 de junio, el movimiento anunció que, por decisión de asamblea, impediría la instalación de casillas electorales el domingo 5 de julio, pues todas las comunidades en resistencia del municipio Candelaria, más de 3 mil personas, asumimos las acusaciones como nuestras.

El día 4, el secretario de Gobierno de Campeche, Ricardo Medina Farfán, negoció con los inconformes la instalación de casillas, y se comprometió a concertar una reunión la próxima semana con la participación de la CFE, el delegado de la Procuraduría General de la República y el propio funcionario.

En esa reunión se propon- drían alternativas para que las averiguaciones previas contra integrantes del movimiento fueran atendidas en forma particular, privilegiando el diálogo.

El grupo en resistencia aceptó no interferir en la jornada comicial, lo cual fue cumplido a cabalidad. Ahora, la detención arbitraria de nuestros compañeros, a unos días de firmado el acuerdo, compromete la actuación del gobierno de Campeche, concluye la denuncia.