Diez familias indígenas –un total de 138 personas– fueron expulsadas del ejido Damasco (municipio de Ocosingo, Chiapas) por miembros de la Organización para las Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Hoy denunciaron los maltratos que sufrieron desde febrero de 2008 y que arreciaron en marzo pasado.

Los agresores, abiertamente protegidos por la Secretaría de Gobierno estatal y su delegado en la región, José Manuel Morales Vázquez (identificado como militante del PAN), expulsaron de forma violenta a los ejidatarios y los privaron de sus derechos agrarios. El grupo de Opddic, unas 30 personas, es encabezado por el comisariado ejidal, Pablo Espinosa Jiménez, y por Miguel Hernández Gómez, quienes dicen pertenecer a la Opddic, señalada como paramilitar en distintas partes de la selva y la zona norte de Chiapas. Nuestras casas fueron robadas y saqueadas, dos bodegas quemadas en su totalidad, exponen los afectados.

Todo comenzó en febrero de 2008, cuando el delegado Morales Vázquez pretendió ganar gente para ingresar al PAN, presionándonos por medio del comisariado ejidal. Como no aceptamos, nos amedrentaron y amenazaron durante un año, para lo que utilizaron toda la maquinaria política del delegado, quien dispuso de la radio para chantajearnos y de varias patrullas de la policía sectorial para atemorizar a nuestras familias, agregan.

Los afectados, que aseguran no pertenecer a ningún partido político, producen y exportan miel de abeja, de manera independiente, desde hace más de 30 años, además de carpintería, crianza de ganado bovino y comercio. Fuimos mejorando en la calidad de vida, lo que causó envidia a ciertos lideres, porque ellos solamente se dedican a extorsionar a la gente y depender del gobierno.

En 1976, los ejidatarios expulsados hoy adquirieron dos solares para una tienda y un taller de carpintería. El pasado 17 de marzo, mientras se encontraban en audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtla Gutiérrez, los de la Opddicc, que disputan los mencionado solares, advirtieron al magistrado Rafael García Cimerman (sic) que si no sentenciaba en favor de ellos, en ese instante iban a ordenar que se quemaran nuestras casas; dicho y hecho, el comisariado llamó por celular a Miguel Hernández Gómez dándole la orden de que procedieran a lo acordado. Ese día quemaron las bodegas, robaron y saquearon casas y tiendas, destruyeron los suministros de agua y energía y expulsaron a las familias, tirando nuestras pertenencias a orillas de la carretera.

Los de la Opddic –señalan los expulsados– amarraron como animal al menor Francisco Moreno Méndez, acusándolo de violación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, sembrándole una pistola de juguete, y lo consignaron ante el Ministerio Público de Ocosingo. Como todo era fabricado, días después lo dejaron en libertad. A otro menor lo amarraron cerca del fuego de nuestras bodegas, para culparlo del incendio.

Las pérdidas materiales ascienden a un millón 500 mil pesos. Desde las calles de Palenque, donde viven desde ahora, expresan: Nadie nos hace justicia. Queremos pensar que no todo el pueblo está involucrado en nuestra expulsión, sino que son unos cuantos, liderados por el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y un agente municipal, contra quienes varios particulares han interpuesto denuncias por extorsión, amenaza y fabricación de delitos. Señalan al delegado de Gobierno como autor intelectual del desplazamiento forzado.

Este 6 de julio exigieron al Ministerio Público de Palenque que ejecutara una orden de aprehensión ya librada contra los agresores, lo que hizo en el crucero de Chancalá, para dejarlos en libertad una hora después. El operativo estuvo a cargo del comandante Hugo Delgado, quien explicó a los afectados que soltó a los de Opddic por orden de allá arriba, refiriéndose al secretario general de Gobierno en Tuxtla, según los desplazados.