Juriquilla, Qro., 9 de julio. Los jueces y magistrados federales en materia penal del país comenzaron este jueves su reunión anual privada en la que analizarán en tres días cuáles han sido los alcances reales de la aplicación de la reforma constitucional en materia penal propuesta por el presidente Felipe Calderón, avalada por el Congreso el año pasado y publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008.

El primer día de trabajos, efectuados a puerta cerrada en un lujoso hotel de esta localidad, resaltó por la advertencia del ministro Juan Silva Meza (quien inauguró el encuentro) de que la reforma penal, si bien produjo cambios sustanciales en las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como zonas de avance en el sistema jurídico nacional, también implica zonas de peligro que deben estar bien delimitadas para evitar que sean tocadas las garantías individuales de los mexicanos.

A siete años de distancia de la entrada en vigor plena de esta reforma, es fundamental (este tipo de mesas de análisis) para encontrar cuáles son los retos y las ventajas del nuevo sistema de justicia, cuáles los detalles en los que se encuentra su zona de avance, pero también sus zonas de peligro.

Asimismo, el ministro Silva Meza llamó a los juzgadores del país a estar atentos a la vigilancia irrestricta de las garantías individuales que protege la Carta Magna, porque los fines punitivos de cualquier reforma no deben estar por encima del respeto a los derechos humanos fundamentales en cualquier Estado democrático de derecho.

Desde antes de que fuera aprobada la reforma penal por el Poder Legislativo, la oposición, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó algunos aspectos de la misma, los cuales no pasaron al final de la discusión legislativa (como el hecho de que se permitiera que los cuerpos policiacos ingresaran a domicilios particulares sin orden judicial).

Durante las jornadas de trabajo de ayer, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora –uno de los principales defensores de las supuestas bondades de la reforma judicial calderonista, que dio paso en México a la aplicación de un modelo penal adversarial, acusatorio y oral, en lugar de uno mixto que operó durante 92 años–, dio lectura a un discurso sobre los alcances de esta modificación constitucional, la más importante desde la promulgación de la Carta Magna de 1917, según palabras del funcionario.

El procurador arribó por la tarde a la sede del encuentro en medio de un discreto operativo de seguridad, se tomó la foto con los participantes y luego dio lectura a su discurso, pero no se quedó a escuchar las conclusiones de la mesa de análisis efectuada este jueves (entre los juzgadores, legisladores y juristas), en la que se puso a debate la viabilidad económica y técnica de la reforma.

Durante su discurso, Medina Mora destacó que hoy por hoy, con la aplicación de la reforma penal, son los jueces y ya no los ministerios públicos o los fiscales, los ejes rectores de la aplicación de la justicia, y dijo que la tarea principal de los juzgadores es el control de la aplicación de las normas, bajo el principio del respeto de las garantías constitucionales.

Destacó que uno de los principales puntos del nuevo sistema de justicia penal es el hecho de que, supuestamente, ahora se garantizará a las víctimas y ofendidos por la comisión de un delito la reparación del daño económico o patrimonial que les haya ocasionado un acto criminal.

En los hechos, de acuerdo con cifras del Consejo de la Judicatura Federal, esto no sucede. Sólo una de cada diez personas que es víctima de algún delito del orden patrimonial (robos, asaltos, daño en propiedad ajena o cualquier tipo de fraude) recuperan el monto de sus bienes económicos afectados.

Asimismo, Medina Mora recalcó lo que ha venido diciendo en innumerables foros: que la aplicación del sistema penal acusatorio y oral –que desde hace varios años aplica Estados Unidos y varios países de Latinoamérica y Europa– ayudará al Estado mexicano a ganar la guerra que declaró hace dos años el presidente Felipe Calderón al crimen organizado.

Por la noche, se efectuó una mesa redonda denominada La implementación de la reforma constitucional en materia penal, en la que participaron Juan Silva Meza, (único penalista entre los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación); la magistrada y ex consejera de la Judicatura Federal Elvia Díaz de León, y el senador del PAN Alejandro González Alcocer, otro de los impulsores del nuevo marco jurídico en materia penal.

También estuvieron como panelistas el general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR en los primeros años del sexenio de Vicente Fox; el diputado Andrés Lozano, y el doctor en derecho Carlos Natarén Nandayapa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.