na de las conquistas del movimiento indígena, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo del Estado mexicano.

Antagónico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias perspectivas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y regionales que –de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas– afirman un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas diferenciadas de la nacionalidad mayoritaria mexicana, o establecen un diferencialismo segregacionista que las mantiene en sus regiones de refugio, siendo ambas políticas, en esencia, negadoras de las culturas indígenas y causantes del clientelismo y el corporativismo impuestos durante el régimen priísta.

La constatación de esta tesis en el movimiento indígena y el incumplimiento por los tres poderes de la Unión de los acuerdos de San Andrés provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cauce a procesos autonómicos de profundidad histórica, como los municipios rebeldes-juntas de buen gobierno zapatistas, y experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, entre otras entidades.

Por ello, no es sorpresa que desde hace más de un mes, indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos de la Coordinadora Estatal Indígena del Alto Balsas y la Convención Estatal Indígena y Afroamericana de Guerrero estén denunciando ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –continuación panista del Instituto Nacional Indigenista (INI)– el nombramiento unilateral de Gonzalo Solís Cervantes como delegado estatal.

Con toda razón los integrantes de esas organizaciones indígenas, cuyos orígenes se remontan al Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, aducen que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorga el derecho de consulta a los pueblos indígenas para todo aquello que les concierne. Su ejercicio incluso había sido pactado con la representación de la CDI en Guerrero desde 2007. No obstante, después de realizado ese proceso consultivo mediante el que resultó electo Guillermo Álvarez Nicanor, indígena nahua de ese estado, las autoridades de la CDI, encabezadas por Luis H. Álvarez, cuyo acercamiento a la problemática indígena se fundamenta únicamente en haber sido miembro de la Cocopa, pasaron sobre esos acuerdos, imponiendo al delegado de su conveniencia. Esto provocó la ocupación de la sede estatal de la comisión en Chilpancingo, Guerrero, por más de un mes, pero ante el fracaso de la protesta en ese ámbito, centenares de indígenas guerrerenses arribaron a sus oficinas centrales en la ciudad de México.

Ni el titular de la CDI ni el encargado de la Unidad de Coordinación y Enlace (operador político vacacionando en España) recibieron a los manifestantes, quienes, por el contrario, sufrieron intimidaciones y provocaciones de la policía federal los días que permanecieron protestando e incluso fue arrestado Bruno Plácido Valerio, activo participante en la construcción del sistema de justicia comunitaria en Guerrero, a quien se acusa por los delitos de motín, ocupación de instituciones federales y lesiones. El dirigente fue liberado tras el pago de una fianza, mientras el plantón se levantó el 26 de junio pasado. Nuevamente, las organizaciones indígenas sufren en carne propia la estrategia de criminalización que los gobiernos panistas han impuesto como contención a los movimientos sociales.

Ante la negativa de las autoridades de la CDI de recibir a los manifestantes, las organizaciones participantes recurrieron a diversas acciones: huelga de hambre, demanda de mediación de la Organización de Naciones Unidas por conducto de su representación en México, exigencia de intervención de las cámaras de diputados y senadores, y comunicación con promotores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil organizada, recibiendo apoyo de estos actores políticos y sociales.

La Comisión Permanente de la 60 Legislatura, por su parte, mediante un punto de acuerdo, respaldó al Congreso de Guerrero –que se inclinó por la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas– e hizo suyo el criterio de que la selección de nuevos delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero y de otras entidades federativas del país, en igualdad de condiciones, deberán tener prioridad los candidatos de origen indígena que cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tengan la suficiente capacidad en la administración pública federal, estatal y/o municipal.

Semejante resolutivo, sin embargo, aunque apoya el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, enfatiza de nuevo la relación paternalista de un organismo indigenista del Estado mexicano que decide en última instancia quién será su representante y qué políticas aplica en las regiones étnicas. Este acto legislativo, así como la insistencia en buscar cargos públicos que no logran una articulación real con los pueblos y sus autonomías refuerzan esa perspectiva estatista que tanto daño hizo al movimiento indígena en el pasado.

Un camino fructífero que abrió el movimiento indígena nacional a partir de 1994 es continuar fortaleciendo sus instituciones colectivas, redes comunitarias, regionales y estatales horizontales que reconstituyan a los pueblos y desarrollen los procesos autonómicos que establecen el poder de mandar obedeciendo. También es necesario no olvidar que el indigenismo siempre será política de Estado.