Ciudad Juárez, Chih., 9 de julio. El gobernador José Reyes Baeza Terrazas reconoció que la comunidad Le Baron se está armando para defenderse, pero lo hace conforme a derecho, ya que se les brindará capacitación y materiales para que se puedan convertir en policías de esa zona y enfrenten los constantes ataques de grupos criminales.

Al acudir a esa comunidad del municipio de Galeana, donde se llevaron a cabo las exequias de Benjamín Le Baron y su cuñado Luis Widmar, el mandatario puntualizó: Una cosa es armarse y otra capacitar a los habitantes como policías y dotarlos de recursos necesarios para resguardar su patrimonio y seguridad.

Por su parte, la procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, informó que ya están identificados los presuntos autores del secuestro y asesinato de los activistas. Según la funcionaria, la imagen se obtuvo de un video captado en una caseta de cobro por donde cruzaron los cuatro vehículos de los pistoleros.

Mientras, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, informó que la dependencia atrajo el caso y lo asignó a un grupo especial de fiscales, agentes federales y peritos.

La PGR ya tiene dos líneas de investigación. Una apunta a sicarios al servicio del cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, y la otra a integrantes del cártel de Juárez, conocidos como La Línea.

Las fuentes consultadas señalaron que, según los primeros indicios, los criminales buscan sembrar el terror en la región como parte de una estrategia de expansión territorial.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación al término de la celebración del Día del Abogado, Medina Mora dijo que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua coadyuvará con la PGR en forma coordinada, y se espera encontrar pronto a los presuntos responsables.

El Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por los delitos de homicidio y los que resulten, y consideró que los asesinatos de Le Baron y Widmar fueron delitos de alto impacto para esa población del municipio de Galeana.

En un comunicado, la PGR dijo presumir que existe una vinculación entre el doble asesinato y el secuestro de Erick Le Baron (hermano de Benjamín), y la detención de 25 presuntos paramilitares en el poblado rural de Nicolás Bravo, en junio.

Por otra parte, se informó que Fernando Franco, director de seguridad pública del municipio de Buenaventura, y el comandante de la policía de Flores Magón (cuyo nombre no fue proporcionado por las autoridades) fueron detenidos e interrogados por militares, debido a presuntas acusaciones de pobladores de la región.

Según versiones extraoficiales, los funcionarios fueron golpeados y torturados antes de que los liberaran la madrugada de este jueves en la caseta de cobro que está a la entrada de la cabecera municipal de Galeana.

Entretanto, cientos de integrantes de la comunidad Le Baron y habitantes del noroeste del estado acudieron este jueves al funeral de los activistas, quienes fueron despedidos con honores por luchar contra la inseguridad. Prefiero morir siendo esclavo de los principios que siendo esclavo de los hombres, decían cientos de abanicos repartidos durante el servicio religioso; mientras, los familiares de las víctimas reiteraron que seguirán en la lucha encabezada por Benjamín y Luis.

Ariel Ray, presidente municipal de Galeana y tío de Benjamín, manifestó que los habitantes de Le Baron están dispuestos a morir antes de dejar que la delincuencia imponga su ley. Por ello se han organizado para colaborar en las labores de vigilancia y para exigir al gobierno que atrape a los asesinos.

El vocero de la familia, Julián Le Baron, informó que aceptaron que la PGR atraiga la investigación, pero demandó que en las pesquisas continúen participando la PGJE y la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

En tanto, vecinos de Yécora, Sonora, en la zona límitrofe con Chihuahua, denunciaron que el miércoles un grupo de hombres armados vestidos de militares ingresó a sus viviendas violentamente, los asaltó y les robó 11 vehículos, dinero y otras pertenencias. Los afectados pidieron la intervención de las autoridades de Sonora, Chihuahua y federales, pues aseguraron que constantemente son hostigados y quieren evitar hechos como los acontecidos en Galeana.